Tarapacá, el origen de la tala ilegal en el Amazonas

Tarapacá, el origen de la tala ilegal en el Amazonas

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En pleno corazón de la Amazonía en la frontera con Brasil, el histórico puerto Tarapacá sigue siendo punto clave para el tráfico de madera ilegal. En ese punto selvático se blanquea madera que indígenas talan de sus territorios y comerciantes usan permisos de salvoconductos para comprar madera en sitios no autorizados.

Este puerto sobre el río Putumayo, a solo 20 minutos en lancha de la frontera con el Brasil, ha sido y sigue siendo uno de los puntos en el que se extrae y moviliza madera ilegal en la Amazonía colombiana.

Tarapacá guarda rastros que lo atan con su pasado. Después de caminar por un desembarcadero estrecho, sobre un costado de la única calle del pueblo, un pedestal con la réplica de un junker alemán recuerda el conflicto colombo peruano entre 1932 y 1933, justo a la entrada de un destacamento militar.

Este puerto, un pedestal de madera enclenque que se mete en el río en medio de las casas palafíticas, es el últio rastro de las bonanzas de la cauchería, las pieles y el tráfico de cedro.

Sus habitantes –unos cuatro mil– en su mayoría se dedican a la pesca, a la madera, la minería ilegal y la caza. Los más jóvenes se arriesgan a pasar cargamentos de coca y marihuana a la frontera con Brasil.


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Tarapacá, un pueblo de casas de palafíticas que se levantó sobre el río Putumayo en la época del conflicto colombo-peruano entre 1932 y 1933, sigue siendo emporio de la madera en el corazón de la Amazonía.

Pero la madera es uno de los ejes de la economía de esta población. El papá de Edwin Flórez, el presidente de la Asociación de Productores de Madera de Tarapacá, Asopramata, fue policía en la década de los setenta en esta población, en donde se retiró y decidió quedarse en este remoto lugar de la selva.

Negociaba con todo. Traía remesa río arriba, financiaba entables y vendía madera a los remolcadores. Poco a poco amasó un capital que le ayudó a levantar su familia. De hecho, la casa familiar es una prueba de su relación con el bosque. “A toda esa madera se le denominó cedro Tarapacá”, comentó Flórez como si fuera un sello de origen.

Flórez continuó con el negocio. En el momento de realizar este reporte, Asopramata  organización que representa, tenía vigente un permiso de aprovechamiento forestal persistente para explotar 1.623 hectáreas de selva del que saca las especies achapo, arenillo, creolino, fono negro, guarango, marimari, sangregallina y sangretoro. Este maderero es consciente que la tala ilegal sigue siendo un problema en la Amazonía.

Nativos y foráneos han explotado los bosques vecinos, pero dicen que su mayor boom se dio desde los años setenta al dos mil.

Esta actividad no es reciente ni se ha acabado. Nativos y foráneos han explotado los bosques vecinos, pero dicen que su mayor boom se dio desde los años setenta al dos mil. Comenzaron por el río Cotuhé y se adentraron en el trapecio Amazónico. También aprovecharon el río Putumayo y la frontera entre Colombia y Perú para sacar madera y llevarla río arriba.

“Aunque existía la autoridad ambiental no había regulación que dijera que no se podía hacer un aprovechamiento indiscriminado de tal especie”, explicó Flórez como justificación a la tala masiva e ilegal de cedro, que llevó a que Corpoamazonía vedara su explotación desde 2015 hasta 2025.


Durante el apogeo del cedro, indígenas del resguardo Ríos Cotuhé—Putumayo (dueños de 245.227 hectáreas) eran buscados por gasteros y remolcadores que se aprovechaban de las necesidades de la región para que los guiaran y también les consiguieran maderas finas.

Los indígenas cedieron a la presión a pesar de que ellos no estaban acostumbrados a las talas selectivas. Ellos hacen cortes rasos de pequeñas extensiones de tierra que no superan una hectárea para sembrar cultivos de pancoger, que rotan cada año. También cortan árboles para renovar sus casas o para canjearlas al inicio de las temporadas escolares para comprarles útiles a los niños de las comunidades.

“Llegaban a las comunidades a llevarse a los indígenas”, recordó el líder indígena de Puerto Huila, Jhovanny Carvajal Barrios, una comunidad de la etnia Ocaina sobre el río Putumayo a donde llegaban los gasteros preguntando por nativos y a quienes les pagaban con remesas o con salarios mínimos, que escasamente compensaban el trabajo y el impacto que estaban provocando.

El trabajó como cortero y cargador. Por pieza, de unos 3 metros y con un peso que podía llegar a los 50 kilos, le pagaban 500 pesos. “También pagaban con un kilo de arroz o una prenda, si querían trago les daban trago, luego salían sin ningún presupuesto para las familias”, relató Carvajal.

Pero como las pieles y el caucho, la tala ilegal terminó por agotar las reservas de cedro del Cotuhé. También pasó lo mismo en las comunidades de Ventura, Puerto Nuevo, Puerto Tikuna, Gaudencia y Porvenir.

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La madera que se vende en Tarapacá es sacada de la profundidad de la selva. Estos bloques están listos para ser transportarlos por el río Putumayo, a Puerto Asís.

A pesar de la escasez y de que cada vez tienen que adentrarse en la profundidad de la selva, la demanda por el cedro continúa. En los últimos años, los indígenas aseguran que la tala se ha ido corriendo río arriba y se saca cedro de zonas como el Yaguas y en las riveras del río Algodón.

En tiempos de lluvia, con las crecidas del Putumayo, es normal ver los arrumes de bloques apilados a la orilla del río.  En el corregimiento de Tarapacá y según registros de Corpoamazonía entre 2000 a 2015 fueron otorgados 12 aprovechamientos forestales persistentes, algunos todavía vigentes.

DE COMPRAS POR EL RÍO PUTUMAYO


Desde que Corpoamazonía reguló el negocio de la madera en la Amazonía las cosas han cambiado en la región.

Gaudencia es una de las nueve comunidades que integran el resguardo Ríos Cotuhé—Putumayo. Está a tres horas en lancha desde Tarapacá.

Allí viven 32 personas tikunas. La mayoría de ellos se dedican a la pesca, cultivan plátano y yuca, y en temporadas de lluvia aprovechan para vender algunos árboles a los remolcadores que suben hacia Puerto Leguízamo.

Agustín Ruiz, líder de Gaudencia, reconoció que es la única oportunidad de hacer un poco de dinero. Mientras habla a la vera del río, un grupo de cargadores entran y salen del bosque cargando piezas de granadillo y achapo, dos de las especies más vendidas en Bogotá y Cali.

Son unas 300 piezas que vendió a un maderero de Leticia, del que aseguró luego legalizará con salvoconductos expedidos por Corpoamazonía. Con la venta de esos árboles comprará algo de remesa y los útiles para la escuela de los niños.

“No creo que me estén pagando bien”, se lamentó, “pero ellos ponen el precio, uno pide más, pero ellos pagan lo que quieren”, dijo al referirse a los patrones que van por toda la rivera del Putumayo negociando con nativos y colonos.

Aunque los indígenas saben que este tipo de operaciones son ilegales, no hay nadie que ataje este tipo de comercio.  

“Él(el maderero) va comprando en diferentes puntos. También en Huapapa (Perú) hay un colombiano que va comprando y luego se la vende a Alirio”, aseguró. El indígena explicó que la madera la embarcan en uno de los remolcadores.

Para Agustín y muchos indígenas que viven a orillas de los ríos es normal que lleguen compradores hasta sus comunidades y que ellos vendan sin autorización de Corpoamazonía.

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Los cargueros sacan bloques de madera de las especies granadillo y achapo que compraron a indígenas de la comunidad Gaudencia.

“Algunos permisionarios nuestros se han prestado para amparar con sus permisos legales la madera ilegal. Sacan sus permisos y no aprovechan en su área autorizada, tienen acuerdos con los dueños de los remolcadores que van subiendo y recogiendo madera de Perú y Colombia”, reconoció John Jairo Arbeláez Galindo, director de la Territorial Amazonas de Corpoamazonía.

En el periodo de análisis, enero de 2012 a julio de 2017, Corpoamazonía expidió más de 350 salvoconductos con los que se movilizaron de Tarapacá a Puerto Asís un total de  9.995,75 metros cúbicos (volumen elaborado). La madera fue transportada en 100 botes.

Entre las diez especies más explotadas se destacan creolino, abarco, sangretoro, castaño, cumala, arenillo, achapo, amarillo, polvillo y aguacatillo.

Las prácticas informales quedaron perpetuadas en la región luego de las bonanzas del cedro, inclusive de la época del narcotráfico que se vivió a finales de los años 90 hasta 2006.

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Punto de entrada a Brasil en la frontera con Colombia cerca de Tarapacá sobre el río Putumayo.

Marcelino Noé Sánchez, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas Mayor de Tarapacá, Cimtar, dijo que si bien la explotación de madera está más regulada en comparación con hace 30 años, se mantienen deficiencias en los controles a lo largo, de los 1.130 kilómetros del río Putumayo.

“A Tarapacá llegan extraños que están sacando los recursos sin ningún tipo de autorización, sin que la labor de las autoridades surta efecto frente a los problemas de tala ilegal, minería ilegal y tráfico de fauna que está acabando de una manera silenciosa a la Amazonía”, explicó.

Marcelino agregó que, durante el 2017, trabajaron con los ministerios del Interior y de Medio Ambiente en un decreto ley que les permitiera tener más gobernanza sobre sus territorios. En abril de 2018, mediante el Decreto 632 el Gobierno Nacional reconoció a las organizaciones indígenas como figuras de Gobierno en territorios ubicados en las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés.  


Para Marcelino, esta norma le da más autonomía a las autoridades indígenas y con ello pueden definir normas propias para salvaguardar su cultura, derecho a la diversidad y la protección de sus bosques.


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