Uno de los puntos del tráfico ilegal de especies maderables en la triple frontera amazónica es Islandia en Perú. Desde allí se transporta madera a Colombia extraída de la selva peruana de forma irregular.
Poco antes de desembocar en el Amazonas, las aguas del río Yavarí se calman. En esta parte de la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil, se puede ver docenas de barcazas de comerciantes fondeadas a la vera de una de las principales arterias fluviales de la Amazonía.
Esta bocana, ubicada a 45 minutos en lancha de Leticia, Colombia, es uno de los refugios para el comercio de la madera entre los tres países.

Al entrar al Yavarí, de 1.100 kilómetros de largo que nace en Perú y muere en Brasil, al costado izquierdo, se encuentra el municipio de Benjamín Constant, en donde una decena de soldados brasileños se echan al hombro tablones de madera a un remolcador.
A pocos metros, el dueño del aserradero supervisa la entrega de la carga a un coronel del ejército de ese país. A un par de kilómetros de allí, en Islandia, la capital del distrito de Yavarí en Perú, con una población de 2.300 personas, un colombiano chequea uno a uno los tablones de cumala y cedro que pulen un puñado de trabajadores peruanos.
Islandia es un pequeño pueblo palafítico, con calles peatonales asfaltadas que permanece cuatro meses al año inundada. En este poblado, la mayoría de sus habitantes viven de las empresas madereras, la pesca y los empleos oficiales de la municipalidad, explicó el subprefecto, Juan Carlos González.
La provincia de Loreto, a la que pertenece Islandia, tiene el 47% de la Amazonía peruana, de la cual se calcula que 11 millones de hectáreas aptas para la producción forestal, que produjeron en 2010 unos 30 mil empleos en la región. Pero la totalidad del territorio, unas 14 millones de hectáreas, hay 8 zonas que están divididas así: 27% de Bosques de Producción Permanente, 29% sin definición, 24% áreas protegidas, un 15% de comunidades indígenas, 3% de tierras privadas y 2,12% en poder de petroleras.
Justo al frente de Islandia, se ubican la mayoría de los aserríos peruanos, en donde se apilan montañas de aserrín y los listones de madera se secan a la intemperie. En la orilla se mantienen vagones de cedros mezclados con achapos y cominos.
Estos aserríos están ubicados al frente del casco urbano de Islandia. Tienen apilados listones de distintas especies de madera.
En algunos aserríos hay avisos que advierten que si se entra sin permiso, les disparan. Este es uno de los puntos ciegos fronterizos en el tráfico de madera y una suerte de supermercado de la Amazonía, ya que muchos aprovechan que del lado peruano hay 10 millones de hectáreas de bosques de producción permanente (de las 36 millones que tiene el departamento de Loreto), que les permite explotar maderas que, como el cedro, fueron vedadas por las autoridades colombianas y que encuentran con facilidad.
En los aserríos de Islandia, Perú, hay avisos con advertencias de disparar si se ingresa sin permiso.
El administrador de un aserradero en Islandia, al que se entrevistó con una cámara escondida para este informe (ver video), explicó cómo funciona el blanqueo de la madera peruana que termina en ciudades fronterizas como Leticia.
Allí llegan maderas de dos fuentes diferentes. Una de las concesiones forestales que están autorizadas por el gobierno peruano y la otra de las comunidades indígenas nativas del departamento de Loreto. “Nosotros hacemos un trato con la comunidad”, dijo el administrador de un aserradero, “le damos su porcentaje(a los indígenas) y la documentación la manejamos”.
Eso quiere decir que la madera extraída ilegalmente de las comunidades indígenas la amparan como si hubiese sido sacada de los territorios que son cobijados con las licencias o concesiones forestales en Perú. De allí, con ese amparo, la madera puede salir tanto para ciudades del interior como Iquitos y otra para Colombia.
En principio, contó el aserrador, sus principales clientes están en Iquitos, por lo que ven el comercio con Colombia como un mercado al que pueden enviar maderas de menor calidad que han sido descartadas por los compradores peruanos. “Allá (en Leticia) le sacan un mejor precio”, apuntó.
Los compradores colombianos buscan en especial cedro y cumala (esta última se conoce en Colombia también como Sangre de Toro). “Tienen sus papeles”, explicando la forma en la que los comerciantes compran y después legalizan en Colombia como si la hubieran extraído de alguno de los aprovechamientos persistentes aprobados por la autoridad colombiana Corpoamazonía. Para blanquear esta madera, es común que se paguen coimas.
A la prefectura de Islandia todos los años llegan denuncias hechas por indígenas y colonos de policías que detienen sus embarcaciones y les cobran dependiendo del volumen que lleven. “Las denuncias las hacen personas que no tienen dinero(para pagar las coimas), que están sacando su madera. A los campesinos les piden 1.500 reales o soles. A los empresarios les cobran 5 mil reales”, contó un funcionario público en Islandia que pidió anonimato.
En el primer semestre de 2017, la tensión por el tráfico de madera ilegal provocó que las autoridades brasileñas les recriminaron a los peruanos por su laxitud. “Hubo una reunión en la que participaron la policía de Brasil, Perú y Colombia, y los brasileños nos dijeron que no se debería permitir (la tala ilegal) porque están acabando con la flora”, contó un funcionario que participó en el encuentro.
Sin embargo, han sido pocos los cambios porque la población peruana también presiona a sus autoridades. “Acá no quieren prohibir porque la población dice que no tiene de qué vivir o trabajar”, agregó la fuente que pidió el anonimato.
Los madereros en Islandia tienen amarrados bloques de madera que flotan a orillas del río Yavarí. Y en tierra firme se observan centenares de tablas y listones listos para la venta.
Las autoridades colombianas han identificado que, a lo largo de la frontera con el Perú, como este hay varios puntos desde donde se tala madera, que después es blanqueada y comercializada en Colombia. Otros de esos puntos es Puerto Nariño, Colombia, al extremo occidental del trapecio amazónico y a unos 67 kilómetros de Leticia, la capital del Amazonas.
El ex director de Corpoamazonía en Amazonas, Jhon Jairo Arbeláez aseguró que él ha ido a la frontera y que los puntos de extracción son conocidos por las autoridades de los dos países. “Hay unos aprovechamientos del lado peruano, donde hemos tenido algunas dificultades con la ceiba. Tienen una maquinaria donde van sacando las láminas de esos grandes árboles, además tienen los aserraderos, con lo que pueden procesar la madera que después mandan a Colombia por el río Atacuari. Allí se puede evidenciar el tráfico”, agregó.
En estos sectores, la Policía colombiana ha hecho varios operativos a lo largo de la frontera colombo-peruana en los que además de comprobar que los peruanos talan ilegalmente, han hecho capturas, pero no han podido evitar que se frene esta actividad.
Esto la ratificó Guillermo Marín, comerciante y quien fue secretario de Agricultura de Amazonas. “Tenemos 117 kilómetros de río Amazonas que compartimos (con Perú). Los sitios donde se extrae madera es todo el eje peruano desde el Yavarí hasta cerca de Iquitos. Las extracciones las hay de madera permisionada e ilícita”, explicó el exfuncionario.
Para él la tala ilegal es potenciada por las necesidades que tienen las comunidades y la falta de oportunidades. “El pequeño campesino e indígena aislado ve en una docena de tablas la opción de un medicamento, ropa o comida, de elementos de primera necesidad”, puntualizó Marín.
Pero, los comerciantes colombianos de madera aprovechan que Leticia tiene un régimen especial aduanero que les permite ingresar a Colombia mercancía hasta por mil dólares diarios.
El ex director de Corpoamazonía sostuvo que esta forma de blanquear la madera comenzó cuando se sancionó en Colombia la ley de fronteras (junio de 1995) que le dejó la potestad a las autoridades regionales de regular este y otro tipo de comercios fronterizos.
Entonces se estableció que cualquier persona podría entrar diariamente con facturas de compra venta maderas que no superaran esta cuantía. Al principio, contó Arbeláez, “no se veía problema con que cualquier persona comprara y trajera 5 o 10 docenas de tablas para construir su casa, pero después esto se convirtió en un negocio”.
Remolcadores como este en el río Yavarí transportan toneladas de maderas que son extraídas de bosques de producción permanente y de comunidades indígenas en esta parte de la provincia de Loreto.
Islandia es una especie de Venecia del Amazonas. Allí habitan más de 2.300 personas que residen en viviendas palafíticas y que viven de la pesca, la minería ilegal y la madera.