Los gasteros y apoderados, la mano detrás del negocio maderero en la Amazonía

Los gasteros y apoderados, la mano detrás del negocio maderero en la Amazonía

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En lo profundo de la Amazonía colombiana, intermediarios se aprovechan de comunidades indígenas que les permiten explotar sus bosques a cambio de plantas eléctricas, gasolina, remesas o útiles escolares. Tres casos que muestran cómo se negocia la tala de bosques.

Como herencia de las bonanzas de la cauchería, las pieles y el tráfico de animales silvestres, en esta región se consolidó la figura de un comerciante que financia la explotación de madera en territorios indígenas y de colonos, conocida como el gastero.

Esto es lo que ocurre en las comunidades indígenas de Puerto Puntales, La Quebradita y Yarinal, ubicadas en el bajo Putumayo. A cambio de remesas, plantas eléctricas y galones de ACPM, en los últimos ocho años han entregado a intermediarios 1.900 hectáreas de selva (un área equivalente a 2.661 canchas de fútbol) para que allí saquen maderas consideradas como finas.

En el papel se les conoce como apoderados, en las comunidades como los gasteros. Es una controvertida figura que a veces no aparece oficialmente y no tiene ninguna responsabilidad jurídica ante las autoridades ambientales, pero que tienen un peso enorme en la cadena de suministro de la madera.

Según información de salvoconductos obtenida con Corpoamazonía, entre 2012 y 2019, 93 personas que figuran como apoderados movieron 79.000 metros cúbicos de madera en bruto, que fueron extraída de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, un 20% del total de lo que se produjo en esa región. Solo 26 intermediarios manejan el 80% del total de la madera que se extrajo de la Amazonía bajo esta figura.

Como se pudo constatar en la reportería hecha en varios municipios de la Amazonía colombiana, los apoderados aprovechan los vacíos legales de las normas forestales para controlar parte de la explotación y el comercio de la madera.

Estos intermediarios llegan a las comunidades ofreciendo beneficios. El trato consiste en que los nativos les firman un acuerdo o un poder, para que tramite ante la autoridad ambiental un permiso para talar y vender las mejores maderas, a cambio les ayuda con algunas cosas que necesitan los asentamientos.

Así ha ocurrido en los últimos cuatro años en el asentamiento indígena de Puerto Puntales. Esta comunidad ubicada a dos horas en lancha de Puerto Leguízamo, a un costado del río Putumayo, en la frontera con Perú. Allí viven 370 indígenas quichuas, entre adultos y niños.


El líder indígena Evelio Greffa que en 2013 llegó a la maloka del caserío el comerciante de madera, William Escobar Marín, a quien conocen como ‘El Paisa’. Marín pidió tener una reunión en la que participó toda la comunidad y en las que les propuso la cesión de los títulos de sus tierras para el sacar una licencia de aprovechamiento de árboles.

A cambio les daría una planta eléctrica. A los indígenas les pareció un buen acuerdo, pues allí nunca habían tenido energía. El comerciante se comprometió a pagar los gastos de los trámites, alrededor de 20 millones de pesos, pero que los dueños de las tierras debían firmar los papeles en Corpoamazonía.

Eso quería decir que, si bien se hacía un acuerdo entre el y la comunidad, ‘El Paisa’ nunca aparecería formalmente en los documentos. Los indígenas recibieron de buena gana la planta, que creen vale entre 28 y 30 millones de pesos, y un tambor de ACPM. “Nos beneficiamos con un horario mínimo de luz. Nos ha servido mucho para trabajar”, dice Greffa agradecido.

Desde entonces ‘El Paisa’ y su cuadrilla de trabajadores entran a su territorio, en donde han montado un campamento en el que cortan en trozas las maderas que sacan de esta reservación indígena. Para los quichuas los gasteros son la solución a necesidades que no cubre el Estado.

Donde yo hubiera hecho el convenio, pues primero voy a ver cuánto es que gana él, entonces para ahí sí decirle que él tome el 60% y nosotros el 40% porque él invierte el dinero

Pero después de varios años de explotación, los indígenas han notado que tal vez hicieron un mal negocio. Greffa aclara que el acuerdo lo firmaron otros gobernadores y que nunca se imaginaron que la extracción de maderas fuera tan rentable. “Donde yo hubiera hecho el convenio, pues primero voy a ver cuánto es que gana él, entonces para ahí sí decirle que él tome el 60% y nosotros el 40% porque él invierte el dinero”, dice.

En Puerto Puntales, Corpoamazonía, en 2009 y 2014, otorgó dos aprovechamientos forestales y autorizó el corte de 45.149 metros cúbicos de madera en 900 hectáreas, de los predios ‘Los Achapos’ y ‘El Refugio’.

En esa zona crecen árboles robustos, que miden entre 20 a 60 metros. El achapo, sangretoro, polvillo, amarillo y arenillo, son algunas de las maderas que son apetecidas por los gasteros, pues se venden a buen precio en ciudades como Bogotá a Cali. Estas maderas las usan para construir viviendas, muebles y pisos.

En los documentos aparecen como dueños de los aprovechamientos Alirio Machacury Jota y Eduardo Bastidas Cóndor autorizan a Martha Isabel González Paz para que firme los salvoconductos de movilidad de la madera. Por ningún lado, está William Escobar Marín, tal como lo dijo en la reunión comunal.

Machacury Jota aparece en los registros de Corpoamazonía como la persona que mayor número de salvoconductos(305) ha solicitado a esta entidad en el Putumayo entre 2012 y 2017, para movilizar maderas como achapo, arenillo, tara, sangretoro, amarillo, cahuiche y volador, hacia municipios como Puerto Asís, Putumayo; Cali y Ansermanuevo en el Valle del Cauca; Maicao, La Guajira; y Bucaramanga, Santander.

Si bien Machacury aparece como el titular de sus aprovechamientos, son tres apoderados los que han tenido dominio sobre las especies que allí se explotan, entre ellos encontramos a William Escobar Marín, Oswaldo Aníbal Ortega, y Armando Nitola Montenegro.

Este último fue sancionado en noviembre de 2013 cuando figuraba como titular de un aprovechamiento forestal, presuntamente por infringir normas ambientales al transportar madera sin salvoconducto, las cuales fueron decomisadas por las autoridades ambientales. Sobre esta persona también pesa otra sanción en octubre de 2014 cuando figuraba como apoderado de Omaira Trochez Álvarez.

Quebradita


Un caso similar se presentó en La Quebradita, otra comunidad de la etnia Quichua que tiene un asentamiento colindante con el río Curilla.

En 2005, llegó otro ‘gastero’ conocido como ‘Joselo’. Al igual que ‘El Paisa’ pidió reunirse con la comunidad y les hizo ofrecimientos similares. En su caso los indígenas accedieron venderle tres mil piezas para comprar los útiles escolares para los niños de la escuela.

Llega el intermediario a las comunidades diciendo: estoy comprando esto, estoy pagando esto, y la necesidad tan verraca, que se acepta

explica Javier

El comerciante convenció a la entonces gobernadora indígena Melvy Rivadeneira Manuyama y a su hermano Javier Rivadeneira para que tramitaran el permiso. “Llega el intermediario a las comunidades diciendo: estoy comprando esto, estoy pagando esto, y la necesidad tan verraca, que se acepta”, explica Javier.

El gastero acompañó a los hermanos Rivadeneira a las oficinas de Corpoamazonía en Leguízamo y les ayudó a hacer todo el papeleo para obtener los permisos. En mayo de 2017, Corpoamazonía concedió la autorización para el corte de 12.840 metros cúbicos de madera en 500 hectáreas.

“El tramitador no tiene nada que ver porque en la licencia, no tiene ni la firma ni aparece. El acuerdo es un acta de la comunidad, firman la gobernadora y la persona que autorizó la comunidad para hacer los trámites de venta de la madera, en este caso yo”, señala Rivadeneira.

Ellos se excusan de haber cedido su territorio porque no cuentan con el dinero para pagar lo que cuesta una licencia.

Sin embargo, el principal problema que se ha presentado con este aprovechamiento, como se pudo constatar, es que ha creado una división en la comunidad porque al parecer se están sacando árboles de sitios que no fueron autorizados por los indígenas y que se aprovecha las licencias para blanquear maderas de otras zonas. (Video y enlace nota del recorrido)

Yarinal

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Los controles en los ríos de la Amazonía los realiza el Ejército y la Armada de Colombia, pero son insuficientes para controlar la tala ilegal.

En otras comunidades indígenas la figura del gastero ha generado otros problemas. Así se pudo documentar en la comunidad murui de Yarinal, a poco más de 30 kilómetros de Puerto Leguízamo bajando por el río Putumayo.

En este predio, un gobernador indígena cedió parte de su territorio a cambio de una planta eléctrica y algunos empleos.

Una vez el gastero logró que la autoridad ambiental le otorgó la licencia, sacó toda la madera y se fue, sin darles un peso. Además, después de varios años, la planta eléctrica está sin utilizar, ya que no tienen dinero ni siquiera para comprar un galón de ACPM que les permita prenderla. Esto provocó una división en la comunidad ya que se sintieron estafados.

Sin embargo, en Yarinal, pese a que el líder indígena y quien fue gobernador de su comunidad, Francisco Charry aseguró que no volverían a sacar nuevas licencias, en agosto de 2017 Corpoamazonía le entregó a la comunidad la autorización de aprovechamiento de 13.148 metros cúbicos en 512 hectáreas. El trámite fue adelantado por Willer Salvador Páez Peña, quien fuera gobernador de Yarinal en 2016. Para este aprovechamiento fue entregado poder a Eduardo Rojas Fernández.

El dilema

La figura del gastero sin duda genera dilemas en la Amazonía. En especial porque ya se han registrado casos en la región, en los que estos no cumplen con los compromisos de hacer un manejo sostenible del bosque y ni siquiera reforestan en las zonas en donde han talado.  

Para la alcaldía de Puerto Leguízamo es preocupante que la idea de talar madera sea impuesta por los madereros y no una decisión de las comunidades. El secretario de agricultura de ese municipio, Ramiro Muñoz Macaniya aseguró que si bien hace parte de la autonomía de los pueblos indígenas aceptar las ofertas de los gasteros, los exhortó a que evalúen si ceder sus territorios los va a beneficiar.

También cuestionó que bajo la sombrilla de los acuerdos entre gasteros e indígenas haya un uso desmedido del aprovechamiento, y que ha tenido consecuencias en la extinción de algunas especies.

Sin embargo, otros como el presidente de la Asociación de Madereros del Putumayo, Eduardo Rojas, defienden la figura del gastero y lo ven como una alternativa a la ausencia de Estado en las comunidades indígenas.

Nos involucramos en la comunidad. Les ayudamos con cosas simples como llevarles agua hasta el caserío, una planta eléctrica que no tiene costo. Es un beneficio colectivo

dice Rojas

De hecho el es uno de los gasteros que financia el aprovechamiento de Yarinal y en otras comunidades indígenas de Puerto Leguízamo. “Nos involucramos en la comunidad. Les ayudamos con cosas simples como llevarles agua hasta el caserío, una planta eléctrica que no tiene costo. Es un beneficio colectivo”, dice Rojas.

Rojas asegura que gasteros como el están pendientes de la parte técnica de los aprovechamientos y a cambio también producen empleos en la región. “Ellos la sacan a orilla del río y nosotros les colaboramos con los gastos y estamos pendientes de la parte técnica”, aclara que todo se hace en común acuerdo con los indígenas en una asamblea comunitaria y se firma un acta.

Estos casos en la explotación maderera se presentan porque los trámites son costosos y los dueños de las tierras, indígenas o campesinos, no tienen los recursos, por ejemplo, para pagar a un ingeniero que realice el plan de manejo ambiental o asumir los gastos de las visitas que hace Corpoamozonía en los terrenos donde se tala madera.

En tanto que, para Corpoamazonía lo ideal sería que la misma comunidad sea la que pida los permisos y realice la explotación, pero hay que buscar la forma para que tengan recursos y no dependan de los gasteros.  “Si apoyamos a los indígenas y campesinos en los planes de manejo va a haber manejo forestal sostenible y vamos a generar una cadena con buenos recursos al primer eslabón de esa cadena que son ellos”, concluye un funcionario de Corpoamazonía.

César Augusto Rey Ángel, quien fuera director Técnico de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante el gobierno de Juan Manuel Santos, instó a las autoridades investigar la procedencia del dinero que usan los gasteros y apoderados para sacar los aprovechamientos.

Queremos hacer un llamado a esas otras formas de hacer investigación al movimiento de dinero: qué dinero se mueve, cómo se mueve, cómo sale ese dinero, cómo circula ese dinero en las regiones

“Queremos hacer un llamado a esas otras formas de hacer investigación al movimiento de dinero: qué dinero se mueve, cómo se mueve, cómo sale ese dinero, cómo circula ese dinero en las regiones, pero a su vez, cruzar con la DIAN o los impuestos cómo refleja tributariamente esas personas que tienen los permisos de aprovechamiento, el movimiento de sus negocios, valdría la pena hacer una invitación a las autoridades tributarias para recibir el apoyo y establecer mejores condiciones de control”, menciona Rey.

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