Las amenazas del Curilla

Las amenazas del Curilla

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Un recorrido por uno de los resguardos del Putumayo muestra la manera en la que de territorios indígenas se están extrayendo maderas ilegalmente.

En 2 botes, una guardia de 15 indígenas Murui se quedaron contemplando por un instante la bocana del río Curilla. En ese momento, Martín Charry, uno de sus líderes, les recordó la recomendación que le hiciera días atrás el abuelo Braulio Okainatofe, la máxima autoridad tradicional de la Asociación de Comunidades Indígenas del Alto y Medio Putumayo, Acilapp.

“Deben tener cuidado, no sabemos con quién nos vamos a encontrar”, les enfatizó Martín, repitiendo las palabras del abuelo, cuando estaban discutiendo los preparativos para hacer una expedición en la que irían a confirmar la denuncia que les habían hecho varias comunidades de que colonos se estaban metiendo en esa reserva para talar y robar madera.

Los indígenas todavía sienten temor de enfrentar estas amenazas en su territorio

Equipados con botas pantaneras, carpas, camisas remangadas, dos escopetas para la caza y aparato de posicionamiento global(GPS) los indígenas todavía sienten temor de enfrentar estas amenazas en su territorio. Esta no es la primera vez que extraños se meten a territorios de ellos, como ocurrió con la bonanza maderera en la década de los setenta y ochenta, y con la que acabó con el cedro entre los noventa y 2000. También se recuerdan las muertes que dejó el narcotráfico y el control de la guerrilla por más de tres décadas y que acabó con su reciente desmovilización y la firma del acuerdo de paz con el gobierno colombiano.


El Curilla es un río de aguas oscuras, solitario y sinuoso, que nace selva adentro en el resguardo Predio Putumayo (el más grande del país) y que desemboca en el Putumayo. Queda a 36 kilómetros de Puerto Leguízamo y es el límite de varias comunidades indígenas Murui Huitoto y Quichua. En esa bocana es normal ver unas cuantas canoas con indígenas y colonos echando sus atarrayas. Allí los remolcadores que bajan con remesa hacia el Amazonas profundo se acercan a la orilla cuando los nativos tienen algo para vender, como pescado y madera.

En esa desembocadura, los madereros, contó Charry, entregan las trozas cortadas tanto del lado colombiano como del peruano a los remolcadores, que después legalizan con salvoconductos expedidos por la autoridad ambiental Corpoamazonía, documento que les permite llevarlas río arriba. Esta práctica es ilegal y ha sido una de las formas históricas de blanquear la madera de este remoto lugar en la frontera colombo-peruana.

Por eso, desde hace meses, los indígenas tenían pendiente el plan de ir y verificar que nadie extraño a sus comunidades se estuviera metiendo en sus territorios, aprovechándose de ellos para extraer sus recursos sin su autorización e ilegalmente. También querían verificar que entre las comunidades no se estuvieran corriendo los linderos y generando conflictos entre ellos.

Después de una hora, Curilla arriba, la misión de los indígenas encuentra a un costado unos vagones de madera que sobresalen por centímetros del agua. “Es achapo”, gritó uno de ellos que se acerca con cuidado. Este tipo de madera es una de las más explotadas en la Amazonía y es usada para la construcción de muebles, puertas, vigas y columnas. En total contabilizan unos 90 bloques que calculan pueden llegar a pagar un millón de pesos en Puerto Leguízamo.

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En un operativo de control realizado en julio de 2017, la guardia indígena encontró a orillas del río Curilla vagones de achapo, madera que se habría talado de manera ilegal en sus predios. Ellos aseguran no tener permisos de Corpoamazonía para talar árboles.

Los indígenas decomisaron la madera al igual que un bote. Allí donde se encuentra el alijo, tienen límites las comunidades de Puntales y Quebraditas. En ambas Corpoamazonía, en los últimos ocho años, ha entregado tres licencias de aprovechamiento forestal persistente a estos resguardos indígenas.

Esto ha provocado enfrentamientos al interior de las comunidades, ya que muchos consideran que se están sobre explotando sus bosques y que además con los acuerdos que han hecho con los apoderados y gasteros les ha quedado muy poco.

Así lo confirmó el líder de esa reservación, Francisco Charry. “Teníamos una licencia, pero la comunidad ha dicho que no más”. En Yarinal, que vive de sembrar comida y sacha inchi(muy apreciado por sus altas concentraciones de omegas) en pequeñas chagras y de la pesca, cortaban madera por necesidad y la vendían a los remolcadores.

Sin embargo, el impacto por el descontrol de la tala ilegal ya lo empiezan a sentir. A las 5 de la tarde, la expedición de indígenas instalan las carpas y dos de ellos toman las escopetas para salir a cazar.

En la selva, los cazadores saben que en la noche los animales salen a los salados a alimentarse. Allí es normal encontrar dantas y borugas, que son vitales en su alimentación. Pero en la mañana, los dos indígenas regresaron con las manos vacías.

Uno de los motivos por los que ya no hay animales es el sonido de las motosierras.

“Ahora cazar es cuestión de suerte”, reconoció Fabio Valdez Masicaya, un anciano indígena que guía la expedición. Para él uno de los motivos por los que ya no hay animales es el sonido de las motosierras. “Los espanta”, concluyó.

Territorios en disputa

Seis horas río arriba, la selva se vuelve densa. A lado y lado del Curilla se encuentran arroyos y furos (pequeños ríos tapados por la manigua), que si se buscaran desde el aire sería imposible detectar.

Acá, explicó Martín, el problema que se está presentando entre las comunidades es que no hay claridad sobre sus límites, lo que permite que unos y otros se metan sin permiso y exploten sus recursos. La lejanía y este vacío también facilitan que extraños se metan y saquen maderas.

En un recodo del Curilla, las lanchas se detienen sobre la margen derecha, en donde encuentran un nuevo alijo. “Es perillo”, dijo uno de los indígenas, una especie muy buscada para muebles y que es comercializada hacia el interior del país. Mientras algunos de ellos asegura el bote, otro grupo se adentra en la selva para verificar si hay cortadores cerca.

A medio kilómetro encuentran un entable. Así le dicen a un par de viviendas de madera en donde se cortan y emparejan los árboles. Calculan que hace no menos de unos cuatro días han talado dos perillos, uno joven y otro robusto. Lo saben porque la corteza de los árboles está fresca.

El perillo es una especie que se le está dando duro

“El perillo es una especie que se le está dando duro”, reconoció Martín, quien dice que con su corte están afectando la cadena alimenticia de unos micos que comen de sus frutas y que se han ido desapareciendo de esa región.

El descubrimiento de ese entable saca a flote el conflicto que tienen las comunidades Kaiyano, La Quebradita y La Samaritana. Un nativo que integra la guardia asegura que este no ha sido acordado con ellos. “El acuerdo que tenemos es que lo que se saque del caño(río Curilla) debe ser hablado con las tres comunidades. Nos preocupa que se esté trabajando sin legalizar el territorio”, comentó el indígena que conoce estas tierras.

Para ellos, la madera que se encuentra en ese entable fue talada ilegalmente, debido a que es un territorio en disputa y que para su extracción era necesario hacerse un proceso de consulta previa que nunca se realizó.

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Este entable, lugar donde cortan los bloques de madera, se ubica en territorios en disputa entre las comunidades Kaiyano, Quebraditas y La Samaritana. Los miembros de la guardia indígena aseguran que la tala de árboles allí es ilegal. Sobre el piso hay tablones de perillo, una especie que da frutos con los que se alimentan los micos.

Muy cerca de allí, a una hora de donde se encontraron el entable, queda el campamento principal del aprovechamiento forestal de La Quebradita, el cual fue aprobado en febrero de 2017 por Corpoamazonía. Era una casa rústica rodeada de arrumes de bloques de madera secándose al sol, encuentran a Arcesio Carvajal Hurtado y su esposa. Él es el administrador del campamento.

Luis Alberto Cotte Muñoz, quien va con la guardia y es el encargado del área de territorios de Acilapp, le explicó al administrador que muy cerca de allí encontraron otro entable con madera que ellos suponen es ilegal. Martín cree que los bloques que sacan de esta zona los estarían legalizando con salvoconductos que vienen del Amazonas.

Arcesio se defiende asegurando que están aserrando perillos y achapos de sitios autorizados. “Todo es legal”, afirmó. Sin embargo, aseguró que sus trabajadores encontraron río arriba, a una hora caminando, una trocha grande que va hacia La Samaritana y que por allí han visto otras personas sacando maderas sin permisos.

Tanto Martín como Luis Cote le advierten al administrador del campamento que deben avisar a las comunidades los cargamentos que van a sacar por la bocana, porque seguirán haciendo controles. Mientras tanto los indígenas de la guardia revisan el lugar y toman las coordenadas del lugar.

Abandonan el sitio con la intención de encarar a los indígenas quichuas, dueños del aprovechamiento, y poner en conocimiento ante la autoridad ambiental, la situación de la tala ilegal que han visto. Tienen claro que la madera se está acabando y que deben cuidarla.

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Un grupo de ancianos se reúne todas las noches en la maloka de la Asociación de Cabildos Indígenas del Predio Putumayo - Acilapp-. Allí se ha debatido del impacto social y ambiental de las varias bonanzas que han pasado por sus territorios, entre ellas la de la madera.

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Luis Cote es coordinador de Territorios de la Asociación de Cabildos Indígenas del Predio Putumayo- Acilapp-, las comunidades de esta región en la Amazonía colombiana están bajo constante presión para arrendar sus predios para la explotación de madera.

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En entables como este se apilan bloques de madera que extraídos por los ríos Curilla y Putumayo a Puerto Asís. Este campamento está ubicado en la comunidad indígena Quebradita, en Puerto Leguízamo.

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