Con poderes talaron ilegalmente bosques en Putumayo

Con poderes talaron ilegalmente bosques en Putumayo

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Las sanciones impuestas por Corpoamazonía a campesinos y desplazados de la violencia en Putumayo dejan al descubierto la forma en la que comerciantes blanquean madera en el Amazonas colombiano.

Un sábado de mercado, a comienzos de 2011, Laura Estella Toro Bastidas, campesina de Villagarzón, Putumayo, fue abordada por Luz Nery Ordoñez Claros, a quien conocen en la región como ‘La Mona’.

De manera discreta le propuso un negocio. A cambio de tres millones de pesos le pidió que le entregara las escrituras de su finca, de 43 hectáreas, ubicada en la vereda Alto Vides. El trato consistía en que con la propiedad, ella tramitaría un permiso de aprovechamiento forestal para supuestamente explotar y vender maderas. A Laura, que escasamente sabe firmar, le pareció un buen negocio, en momentos en que pasaba necesidades.


Pero ella no fue la única. La ‘Mona’ también le propuso algo similar a otro campesino, Fabio Gaviria Suárez. A él también le pidió las escrituras de sus dos predios, de 41 hectáreas, ubicados en la vereda La Pradera. A él solo le daría un millón de pesos.

Otra cosa pasó con Bernardo Caguasango Rosero, otro nativo de Villagarzón. Luego de haberse desplazado durante 10 años a causa de la violencia, en 2011 regresó al Putumayo para recuperar las tierras de su familia, un bosque de 45 hectáreas, ubicado en la vereda La Betulia. En diciembre de ese año, logró que Corpoamazonía le otorgara una autorización para explotar madera en su finca.

Cuando ‘La Mona’ se enteró que él ya tenía el permiso, le propuso que le entregara la licencia que le dio Corpoamazonía. Le pagó tres millones de pesos.


Después de lograr que los campesinos le firmaran los poderes, Luz Nery se encargó de hacer todos los trámites hasta obtener las licencias con los que en un periodo de cinco años (enero de 2012 a julio de 2017) transportaron con salvoconductos de movilización 852,11 metros cúbicos (volumen elaborado) y removilizaron 47,91 metros cúbicos (volumen elaborado). La madera fue llevada a distintas regiones del país.

Durante todo este tiempo, los campesinos se desentendieron de lo que ocurría tras la negociación. Algunos aseguraron que la comerciante les pagó menos de lo que habían acordado.

Sin embargo, años después, entre 2012 y 2013, a los campesinos les llegó una comunicación de Corpoamazonía, en la que se informaba que iniciaron una investigación en su contra porque se descubrió que no se cortaron los árboles autorizados en la licencia de aprovechamiento. El hallazgo de Corpoamazonía se dio luego de visitas a los predios.

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Laura Estella Toro Bastidas, campesina de Villagarzón, Putumayo, aseguró que mediante engaños entregó las escrituras de su finca con las que se tramitó un aprovechamiento forestal. Los documentos sirvieron para que terceros talaran maderas en sitios que no tienen permisos, así lo verificó Corpoamazonía.

En uno de los casos, Corpoamazonía pudo comprobar que de la propiedad de Laura Estella Toro, cuya autorización fue de 1.106 metros cúbicos (686 árboles) sólo se transportaron 505,95 metros cúbicos.

"No aprovechó en el predio 462,47 metros cúbicos que corresponden al 91,4% del total del volumen movilizado (505,95 metros cúbicos) entre abril de 2012 y el 31 de mayo de 2013”, se lee en el documento de trámite de proceso sancionatorio. Las cifras las verificó Corpoamazonía con los registros del Sistema de Información y Seguimiento Ambiental, SISA, que permite comparar el número de madera movilizada con la cantidad de volúmenes autorizados para aprovechamiento.

En su defensa, Laura Estella, aseguró que nunca vendió la madera, y que esto lo hizo ‘La Mona’. Cuando supo de la estafa dijo que se sintió engañada, porque además nunca le pagaron los tres millones prometidos, sino tan solo 500 mil pesos, y que desconocía que la intención de la intermediaria era usar su licencia para mover madera talada de otros predios.

A lo largo del proceso de investigación, la Corporación le insistió a los campesinos que se presentaran en sus oficinas y se defendieran.

Toda esta situación deja en evidencia algo que es un secreto a voces en la Amazonía, que intermediarios firman poderes con campesinos de la región para que estos les cedan las escrituras de sus tierras, que después usan como fachadas para blanquear maderas de sitios diferentes a los concedidos.

Ante la advertencia, Laura Estella encaró a ‘La Mona’, para que respondiera y pagara las multas. Ella sin sonrojarse le contestó que no tenía ni un peso. A lo que la afectada le aseguró la denunciaría ante la autoridad ambiental. Incluso, al ver el desespero de su madre, Germán Pantoja le exigió a ‘La Mona’ que diera la cara. Pero nunca lo hizo.

A Bernardo Caguasango le ocurrió algo parecido que a Laura Estella, ya que la Corporación estableció que el 61% de la madera movilizada con salvoconductos, no fue aprovechada en el predio y sí amparó madera de otros predios no autorizados.

A los padres de Bernardo Caguasango, -Moisés Caguasango Rosero y Aura Elena Rosero, quienes son los dueños de la tierra- le otorgaron el aprovechamiento por  1.204,2 metros cúbicos de madera en pie, es decir, 171 árboles.

“Del total de los tocones inventariados, 109, representan el 39% y corresponden a un volumen de 281,9 m3, del total del volumen movilizado según el SISA - 730,92 m3 así las cosas se establece una diferencia del 61% entre el volumen movilizado y el verificado en campo, que corresponde a un volumen de 448,95 m3”, se reseñó en la resolución de cierre del aprovechamiento.

Por esta irregularidad, según aseguró Bernardo, les impusieron una multa de 60 millones de pesos, que hasta el momento no han podido pagar.

Algo diferente le sucedió a Fabio Gaviria Suárez, a él le habían otorgado permiso para aprovechar 960 metros cúbicos.

Es decir que estos fueron aprovechados por el titular de la misma por fuera del área asignada, ya que únicamente el 47% que corresponde a un volumen de 273,99 metros cúbicos están localizados dentro de la unidad de corte anual autorizada

La autoridad ambiental luego de realizar visitas de campo encontró que existe un total de 216 tocones de diez especies, con un volumen de 583,77 metros cúbicos, de los cuales el 53% corresponde a un volumen de 309,78 metros cúbicos están ubicados por fuera del área autorizada. “Es decir que estos fueron aprovechados por el titular de la misma por fuera del área asignada, ya que únicamente el 47% que corresponde a un volumen de 273,99 metros cúbicos están localizados dentro de la unidad de corte anual autorizada”, se especifica en uno de los apartes del documento de proceso administrativo sancionatorio.

Tanto Fabio como Bernardo sabían que ‘La Mona’ completaría algunos de los viajes con madera de otras fincas, pero que se confiaron en si bien sabían que era ilegal no los afectaría. Ella les aseguró que no los metería en problemas.

Corpoamazonía adelantó las medidas de sanción contra los propietarios de los predios porque ellos son los titulares de los aprovechamientos, y aunque intentó involucrar a la apoderada en las investigaciones y sanciones, no lo pudo hacer porque los papeles firmados entre apoderados y dueños de aprovechamientos son acuerdos privados que no los comprometen ante las autoridades.

(Los campesinos) entregan el poder después de que le han dado algo de dinero. Cuando el campesino se da cuenta, el tramitador ya vendió todos los salvoconductos o sacó una madera del predio y de otros lugares

explicó Argenis Lasso Otaya, directora territorial Putumayo de Corpoamazonía.

Desde que se conoció esta situación la Corporación ha tratado de vincular a los apoderados a los convenios de aprovechamiento para que, si se comete un ilícito, ellos también respondan, sin embargo esto todavía no está claro porque la responsabilidad sigue recayendo sobre los titulares, no sobre los intermediarios.

Luz Nery Ordoñez Claros negó haber sido apoderada de los campesinos, pero manifestó que en el pasado sí compró madera en varias fincas. Sobre las multas, que tienen que pagar los labriegos, dijo no tener conocimiento y no se responsabiliza de nada.

“Yo no tengo finca y tengo entendido que los dueños son los que pueden entregar autorizaciones. Por eso nosotros compramos los salvoconductos en Corpoamazonía o en Piamonte (municipio del Cauca ubicado en límite con Putumayo), pero a los mismos dueños de las resoluciones”, aseguró Luz Nery.


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Campesinos de Villagarzón señalan a Luz Nery Ordoñez Claros, a quien conocen como ‘La Mona’, de haber usado sus escrituras para talar maderas de manera ilegal. Luz Nery no se responsabiliza de nada.

El temor de los campesinos, es que la autoridad ambiental ante la dificultad para pagar las multas les quite sus propiedades. Como ellos hay otros que también atraviesan por la misma situación.

Entre enero de 2012 a julio de 2017, en Villargarzón, ubicado en el sur del país, a 639 kilómetros de Bogotá, Corpoamazonía mediante salvoconductos de movilización autorizó el transporte de 10.128,14 metros cúbicos (volumen elaborado) y se removilizaron 622,32 metros cúbicos (volumen elaborado).

A raíz de que se conoció esta artimaña y como una forma para reivindicarse, los vecinos de varios predios decidieron conformar la Asociación Ambiental Salado de Los Loros, con la que iniciaron un proyecto para la protección de los bosques de la región que hacen parte del cordón del Piedemonte Amazónico, zona que además de la tala ilegal está amenazada por la explotación de hidrocarburos.

LOS APODERADOS

En los salvoconductos analizados, que comprende el periodo de enero de 2012 a julio de 2017, se encuentran 14 apoderados, quienes movieron a 37 destinos o ciudades del país madera extraída de Villagarzón.

A nombre de Laura Estella Toro Bastidas fueron expedidos 19 salvoconductos de movilización y removilización, todos aparecen con apoderados quienes son José Alberto Morales, Ramiro Leiva Calderón y Luz Nery Ordoñez Claros.

Al revisar los documentos oficiales se comprobó que de Fabio Gaviria Suárez se expidieron 23 salvoconductos de movilización y removilización, y cuyos apoderados son Ramiro Leiva Calderón y Luz Nery Ordoñez Claros.

En el caso de Aura Elena Rosero, madre de Bernardo Caguasango Rosero, se documentaron 23 salvoconductos, todos aparecen con apoderado a nombre de Luz Nery Ordoñez Claros.

Corpoamazonía desconoce si en otras regiones del Putumayo se presenta la misma modalidad. Por ahora, sigue con la investigación de otros casos de Villagarzón, procesos que se encuentran en etapa de multa.

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Bernardo Caguasango Rosero es uno de los campesinos de Villagarzón, Putumayo, que tiene una multa impuesta por Corpoamazonía por el uso indebido de un permiso de aprovechamiento forestal.

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