Esta es la primera de tres entregas acerca de los negocios irregulares del clan de los hermanos Quiroz y sus víctimas, una historia que representa el negocio de las construcciones ilegales en Cartagena ante la indiferencia de autoridades locales, señaladas y sancionadas por omisión en sus funciones de vigilancia, inspección y sanción en materia de control urbano.

Conocida por su centro histórico colonial y sus playas, Cartagena de Indias tiene una cara menos notable. La ciudad, la sexta más grande de Colombia, lleva cerca de dos décadas minada por una crisis administrativa que, en su momento, posibilitó la construcción ilegal de por lo menos 120 edificios sin que autoridad alguna se interpusiera, algo solo develado por un inexorable desastre.

La mañana del 27 de abril de 2017, la lluvia terminó de dejar al descubierto la debilidad estructural de la obra Portales de Blas de Lezo II, construcción de seis pisos –siete si se suma al azotea– levantados en apenas cuatro meses por órdenes de Wilfran Quiroz Ruiz, miembro de una familia de constructores que levantó al menos 36 edificios de manera ilegal en la ciudad.

Poco antes se había fundido la última placa, en el techo. En medio del agua y la calurosa humedad, las grietas y los hundimientos fueron las quejas silenciosas del edificio de apartamentos que amenazaba con desmoronarse.

Cincuenta obreros iniciaron labores ese día sin imaginar que el mundo se les vendría encima. “Mi compañero estaba trabajando allá. Casi a las 10 me llamaron y me dijeron: ‘Se cayó el edificio’. Yo me fui enseguida para allá y comencé a ver cómo  sacaban al personal, pero él no salía”, narró Rosa María Utria sobre su pareja, Lewis Padilla.

Seis años después ella contó su historia, en el zaguán de su casa en el barrio El Libertador, en el sur de Cartagena. La flanquea una pequeña vitrina de vidrio que espera algún día llenar de fritos y tener su propio negocio. Frente a la residencia, la aguarda una carreta de reciclaje con la que se hace algunos pesos.

“Duraron tres días para sacarlo”, añadió. La noche anterior al desplome, Lewis le había contado con preocupación a Rosa que la obra se había llenado de agua, los pisos estaban inundados y que había una enorme grieta que debían reparar.  Horas después, él fue una de las 21 víctimas mortales en el siniestro, que dejó otras 22 personas heridas, todos trabajadores de la construcción.

Los detonantes

Una primera aproximación acerca de por qué cayó el edificio la ofrece el informe de visita de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (Oagrd) con fecha del 27 de abril de 2017, misma fecha de la tragedia.

Señaló el documento que el edificio fue diseñado como una construcción de cuatro plantas, pero al momento de la eventualidad había levantado ya seis, sobrepasando no solo los cálculos estructurales, sino también las disposiciones consignadas en la norma colombiana de construcción sismorresistente de 2010 (NSR 2010).

Sumado a ello, las bases del edificio fueron socavadas, tras ser construidas, para dar paso a un semisótano de parqueo que no estaba contemplado en el diseño original, haciendo que las zapatas (bases de la estructura que la cimentan en el terreno) de los cuatro extremos del edificio quedaran flotantes, algo que no se subsanó prontamente.

Otro factor que acrecentó el riesgo fue el invierno, señaló el informe. Las torrenciales lluvias que se presentaron en esa época del año se filtraron hasta el área de cimentación del edificio restándole capacidad al terreno “lo que agravó la estabilidad y capacidad de soporte de dichos elementos estructurales”.

Unos días antes del colapso, “un fuerte aguacero llenó estas socavaciones de las zapatas ubicadas en la parte frontal del edificio, lo que originó que estas cedieran”. Este aspecto es clave, pues al inclinarse la estructura de atrás hacia adelante y derrumbarse sobre la calle “no hubo mayores daños y pérdidas materiales y humanas”, concluyó la Oagrd.

Día trágico

Wendy Chimá, entonces periodista de Sucesos del diario El Universal, cubrió el hecho aquella mañana. “En nuestro recorrido diario nos avisaron que un edificio en construcción se estaba cayendo. De inmediato llegamos al sitio y vimos el desastre. Ya estaba la policía y los bomberos cercaban el lugar. También estaban los familiares de los trabajadores, asustados porque no estaban aún todos afuera. Fue un shock, nunca había vivido algo así”.

Ese día las autoridades de la ciudad montaron un puesto de mando único, comandado en principio por la Policía y la Oagrd, que le confirmó a la prensa que habían unas 50 personas atrapadas bajo los escombros y la ejecución de un operativo de emergencia para sacarlos de allí.

“Entre el ruido y el llanto de algunas personas fue muy impactante ver cómo sacaban a esos trabajadores, varios de ellos venezolanos, que no tenían tampoco afiliación a ninguna seguridad social para poder hacer el trabajo y que se montaban en la edificación sin arneses u otros elementos de seguridad”, recordó la comunicadora. Así también lo reseñó el diario. Así también lo reseñó el diario.

“Recuerdo –narró– el caso de una muchacha embarazada, Dolimar Aycardi. Contó que su esposo tenía tres días de haber entrado a la obra y le habían dicho que le iban a pagar por días y que lo habían contratado porque tenía experiencia en la construcción, en Venezuela. No había encontrado más trabajo y fue algo muy informal. Ella dice que no había un papel de por medio, nada. Cuando se enteró del accidente lo primero que hizo fue pensar en él… y pues, lastimosamente, no sobrevivió. Fue uno de los últimos cuerpos que encontraron”.

Con el correr de las horas, los investigadores y medios de comunicación comenzaron a desenvolver la madeja y se halló que si bien el dueño del edificio era Wilfran Quiroz, no solo él operaba así. Al empezar a atar cabos, por primera vez se habló del clan de los hermanos Quiroz, quienes habían levantado y vendido al menos 16 edificios en la ciudad.

Algunos, como Portales de Blas de Lezo II, estaban aún en construcción, pero todos tenían en común que ninguno tenía licencia de construcción, con lo que los ojos se posaron sobre la Inspección de Policía, la Secretaría de Infraestructura y la misma Alcaldía de Cartagena.

Edificio de arena

En un estudio encargado por la Alcaldía, la Universidad de Cartagena analizó la geología de los primeros tres metros bajo la obra colapsada y halló un subsuelo “constituido por un material arcilloso, pardo claro, de consistencia media blanda”.

En principio, ello no significa algo grave, siempre que se diseñe una cimentación acorde con el tipo suelo y no debería presentar complicación alguna, independiente de si hay lluvia o no. Pero ese no era el caso de Blas de Lezo II, que llevaba a cuestas dos pisos de más.

Adicionalmente, los investigadores excavaron 1,7 metros en búsqueda de más pistas de cómo estaba asentada la estructura y se encontraron con que “no se detectó ningún tipo de tratamiento del subsuelo para incrementar su capacidad portante o transferir la carga al estrato más competente”.

Ello implica “que la cimentación estuvo mal construida. Es posible que se necesitaran pilotes o unas zapatas más grandes o excavar y reemplazar el suelo por otro de mejor calidad”, señaló un ingeniero civil de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, que pidió no ser identificado por la sensibilidad que aún despierta el tema.

La carga que soportaba la cimentación construida estaba por debajo de la norma, pues, destacó el informe, “la carga admisible de diseño es de 42 toneladas” mientras que la (norma) NSR 2010 establece que las “cargas máximas por columnas puede estar entre 80 y 100 toneladas para una edificación de seis niveles”.

Así mismo, se examinó la resistencia de las columnas a la compresión y se determinó que era “bastante pobre” para tratarse de una estructura de seis plantas, dado que  “en este caso se tuvo aproximadamente un 57,12% de la resistencia a la compresión necesaria”. 

Los analistas complementaron que la “estructura es flexible y poco rígida ante efectos sísmicos”, así como los cimientos, además de que “todas las columnas se encuentran sobreesforzadas”.

El ingeniero consultado concluyó que “la falta de acero en las columnas vuelve la estructura flexible y expuesta a que cualquier fenómeno ya sea las lluvias o un sismo las afecten. Las lluvias afectaron un suelo malo y la estructura se movió y colapsó”.

Las pesquisas de la Procuraduría hallaron que, desde el punto de vista técnico, Wilfran Quiroz únicamente compró los planos del edificio dejando casi todo lo demás a maestros de obra. 

“Este trabajo lo dirigía un ingeniero que se presentó como Román, él iba y venía. Luego llegó el señor Julio Agresot y Luis Eduardo Agresot, son hermanos y los maestros de obra. Ellos empiezan a meter el hierro, a fundir las zapatas, ellos trajeron sus ayudantes”, testificó ante el Ministerio Público el obrero Yair Montes.

Cero normas

La comunidad también denunció las irregularidades de la obra. El vecino Antonio Monsalve Jiménez, solicitó al inspector de Policía del barrio Blas de Lezo el 18 de abril de 2017 –nueve días antes del colapso– una inspección ocular porque “está afectando grotescamente la visibilidad de mi residencia hacia la carretera (sic) puesto que sacaron mucho las paredes y se salieron de los límites estipulados por el POT”.

El escrito de Monsalve también denunció que la construcción no cumplía con las normas de seguridad “dado que quienes trabajan y visitan la obra, no usan cascos e implementos de seguridad industrial y no cuentan con el equipo necesario para prevenir y controlar incendios o atender emergencias”.

Dentro de los testimonios recogidos por la Procuraduría Segunda Delegada, tras la caída del edificio, estuvo el del trabajador Anselmo Esquivel: “Habíamos(sic) como 50, pero el personal rotaba mucho porque los dueños de la obra eran incumplidos con los pagos, los obreros se iban”.

“Es más –prosiguió–, yo entré sin copia de la cédula y a nadie se la pidieron, nadie tenía seguro”. De hecho, aseguró que en la obra no les daban ningún tipo de implemento de seguridad, por lo que debían llevar sus propias botas, sus overoles y no usaban cascos, chalecos reflectivos, guantes o mascarillas, declaró el obrero.

También hubo indicios acerca de la idoneidad de los materiales usados en la construcción, que concuerdan con la fragilidad de la estructura hallada por los análisis técnicos realizados.

Carmen Arroyo, que vendía almuerzos junto a la obra, declaró a la Procuraduría lo que oyó de boca de los trabajadores. “Escuché en una oportunidad al señor Cleder Bello –empleado de Quiroz– manifestarle a algunos vecinos que el cemento era del más económico y las varillas que (sic) eran muy delgadas, como de mala calidad”, relató.

Esquivel, narró también hechos previos al derrumbe de la obra: “Eso iba para seis pisos, más la placa de arriba donde iban los tanques, eso ya estaba listo. El miércoles de la Semana Santa fundimos la última placa, donde iban los tanques. El lunes después empezamos a levantar paredes del primer piso”.

“Lo único que observé –agregó– es que cuando subían y bajaban el malacate –la polea para subir el material–, la placa se movía porque estaba muy delgadita e insuficiente. […] En cuanto a la varilla que utilizaban en la parrilla, era muy delgadita, porque vi cuando fundieron la última placa”.

Estas primeras víctimas de los Quiroz y sus familias aún buscan reparación. Cada conmemoración anual se reúnen en el deslucido lote que han dado en llamar camposanto y cuentan allí sus desventuras a los periodistas. Así han pasado ya seis años de una casi que total impunidad y les embarga un sentimiento de revictimización, porque no aún no hay justicia ni reparación.

Ante la falta de soluciones por parte de sus victimarios y el olvido estatal, varios decidieron demandar a los Quiroz y al Distrito, al que señalan de omisión en su deber de vigilancia y control de las obras, más Blas de Lezo II, que nunca tuvo licencia de construcción. Algunos otros, migrantes, decidieron mejor retornar. Rosa Utría aún le pide a la Alcaldía “que se ponga las pilas” y que no la deje sola en medio de la pobreza. La memoria de sus muertos aún espera reivindicación.