A los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta les tocó asumir la pandemia con sus propios recursos, ya que las ayudas del Gobierno nacional, del departamental y de las alcaldías fueron insuficientes. Confinarse y resistir en sus territorios fue clave.
El 6 de agosto de 2020, los medios de comunicación de Magdalena registraron la muerte de José de los Santos Sauna, de 45 años, gobernador del cabildo kogui de los indígenas en la Sierra Nevada. El COVID-19 fue la causa.
José de los Santos era la cara visible del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco y quien gestionaba con las autoridades nacionales y locales cómo contener la crisis ocasionada por el coronavirus, que amenazaba la supervivencia de 23 626 indígenas en el resguardo; además era el líder del pueblo kogui. Según el censo de 2018 del Dane, esta comunidad, de 19 889 personas, vive principalmente en dos resguardos: el Kogui-Malayo-Arhuaco, con territorios en La Guajira, Magdalena y Cesar, y el Arhuaco de la Sierra, en los departamentos de Magdalena y Cesar.
El cabildo, como se le conocía por su cargo, rompió su aislamiento voluntario, que comenzó junto con su pueblo mucho antes de que se decretara en el territorio nacional, para recoger 700 mercados y unos regalos para los niños que envió el Ministerio del Interior a Pueblo Viejo, en la cuenca del río Ancho, en La Guajira.
La muerte del líder despertó el temor de un posible contagio masivo en los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y confirmó la primera reacción de la autoridad religiosa: los mamos ya habían dado la instrucción de aislarse. Desde la concepción propia, el territorio hace parte del círculo de protección, “territorios sanos mantienen a sus pueblos sanos”, según lo recuerda el gerente de la EPS indígena, Alfonso Torres.
Según fuentes del cabildo, al parecer José de los Santos enfermó al entrar en contacto con los militares y funcionarios que subieron a entregar los alimentos a la Sierra Nevada. No usó tapabocas, como lo evidencian estas fotografías.
Hasta ese momento, las medidas de contención decretadas por las autoridades indígenas, de manera unilateral, habían evitado que cualquiera de los habitantes del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco enfermara. La última persona en verlo con vida fue su segunda esposa, Jaba Paulina Zarabata, quien lo acompañó hasta la unidad de cuidados intensivos (UCI) en una clínica de Santa Marta, donde fue recluido para practicarle un ritual tradicional.
A su manera, los indígenas cerraron las fronteras y se refugiaron en los asentamientos de las cuencas de los ríos Don Diego, Buritaca, Mendihuaca, Piedras, Tucurinca, Aracataca, Fundación y Frío. En estos territorios, los indígenas garantizaban el aislamiento gracias a que contaban con alimentos de pancoger y agua.
Hasta mediados de octubre de 2020, de acuerdo con Alfonso Torres, director de la IPS indígena, José de los Santos fue el primer muerto por COVID-19 en el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. Según cifras de enero de 2021 del Instituto Nacional de Salud (INS), en el departamento del Magdalena, incluyendo Santa Marta, se han contagiado 197 indígenas, la mayoría en la capital, con 141 casos, seguido por Ciénaga, con 29.
Lo paradójico es que fue José de los Santos, para evitar que extraños entraran a sus tierras, quien buscó apoyo en Amazon Conservation Team (ACT) e implementó una campaña pedagógica con instalación de pasacalles en las entradas y salidas de sus territorios. Por seguridad de los pueblos, prohibía el ingreso a los territorios y a su vez, en lengua propia, les informaba a los suyos sobre los riesgos que implicaba ir a poblaciones cercanas y tener contacto con occidentales. Estos mensajes aún se observan a lo largo de la Troncal del Caribe.
Luego de la muerte del cabildo, las ONG y la institucionalidad se volcaron para movilizar ayudas hacia la Sierra Nevada, lo que obligó a las autoridades tradicionales a cerrar cualquier ingreso a la zona que no estuviera coordinado por el gerente de la IPS Gonawindua. “Los mamos y los dirigentes indígenas determinaron como único vocero a Alfonso Torres, quien cuenta con todo nuestro respaldo”, señala el líder Danilo Villafañe, hoy gobernador del cabildo arhuaco para el Magdalena.
Durante el aislamiento de las comunidades de la Sierra, de los 4262 mercados enviados por el Ministerio del Interior para estos pueblos indígenas, algunos permanecieron represados cerca de tres meses en las bodegas de la Gobernación del Magdalena por desacuerdos con las autoridades gubernamentales, como lo explicó Mauricio Blanco, exasesor del cabildo.
Al respecto, en múltiples oportunidades se consultó a la Gobernación y a varios de sus funcionarios, entre ellos al entonces secretario de interior, José Humberto Torres —quien hoy se desempeña como secretario jurídico—, y a la jefe de prensa Aura Herrera, pero se negaron a explicar.
Tras la muerte del gobernador del cabildo, Blanco asegura que la Gobernación les aportó a los koguis elementos de bioseguridad personal (20 trajes, 20 caretas, 20 frascos de alcohol y una caja con 100 tapabocas). También reconoce que la Secretaría de Salud departamental fue diligente en cuanto a los trámites y el transporte del cuerpo de José de los Santos para realizar la ceremonia funeraria.
La alcaldesa de Santa Marta, Virna Jonhson, reunida con el cabildo kogui José de los Santos Sauna, antes de la pandemia. Foto Alcaldía de Santa Marta.
Lupa a los contratos
A lo largo de la emergencia sanitaria han sido pocas las ayudas y los contactos que han mantenido las autoridades locales con las poblaciones indígenas de la Sierra. El éxito de estas comunidades para contener el COVID-19, como ha ocurrido en otras regiones del país, es gracias al confinamiento en sus territorios y al cierre del paso de turistas a las playas del Parque Tayrona y Ciudad Perdida.
Este aislamiento también se vio en los contratos que ejecutaron los entes territoriales, que no los tuvieron en cuenta. Al revisar la contratación de la Gobernación del Magdalena y de los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Fundación y Aracataca, se encontró que estas administraciones no tuvieron como objetivo de sus recursos a los indígenas, aunque en diferentes entrevistas con alcaldes y secretarios de despachos de la Gobernación y de esos municipios aseguren que los pueblos mencionados hicieron parte de las poblaciones vulnerables que recibieron mercados y suministro de agua en carrotanques.
En total, durante la emergencia por el COVID-19 de 2020, estas administraciones firmaron 4627 contratos por 350 094 millones de pesos. De estos recursos, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta registraron 56 026 millones de pesos por contratación directa para atender la emergencia de la pandemia, pero ninguno tuvo en su objeto de contrato a las comunidades indígenas.
Este medio les pidió a las alcaldías y a la Gobernación del Magdalena que clarificaran cuánto de estos contratos tuvieron como beneficiarios a los indígenas que viven en sus jurisdicciones, sin embargo, no hubo una respuesta concreta sobre esta pregunta. La Alcaldía de Santa Marta no entregó ninguna explicación ni la metodología utilizada para la distribución de las ayudas a la población vulnerable, entre las que se incluye a los indígenas.
Una investigación de Opinión Caribe encontró que, en 2020, el departamento del Magdalena contaba con un presupuesto de 102 611 millones de pesos para “las diferentes necesidades del sector salud”. Luego, dispuso de una adición de 29 739 millones de pesos más; otra por 245 577 millones por la reorientación de recursos del impuesto al consumo. Sin embargo, solo ejecutó el 50 % de este presupuesto, según la investigación de este medio.
En el Magdalena, donde se ubica parte del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, con 6121 indígenas, y el Arhuaco de la Sierra, con 7371 indígenas, en 2020 el gobernador Carlos Caicedo firmó 932 contratos por 162 055 millones de pesos, de los cuales 52 están dentro de lo requerido por el COVID-19 por 42 644 millones.
Según Claudia Aarón, diputada de Cambio Radical, el gobernador Caicedo centró la atención del COVID-19 en dos temas: compra de agua y entrega de mercados, que, en palabras de la representante, provocaron aglomeraciones y asonadas en varios municipios (ver noticias de disturbios en Algarrobo y en Zapayán, entre otros municipios), como se evidencia en redes sociales. Para Aarón, la entrega de alimentos no fue coordinada con los alcaldes.
El cortocircuito entre la Gobernación y los alcaldes del departamento se evidenció cuando 26 de los 30 burgomaestres crearon la Asociación de Alcaldes del Magdalena, que se conoce como el Pacto de Ciénaga, para gestionar directamente ante el Gobierno nacional las ayudas y proyectos de desarrollo para ejecutar en los municipios.
Para garantizar el suministro de agua, la Gobernación del Magdalena alquiló, en medio de la emergencia, carrotanques mediante tres contratos por 3071 millones de pesos.
El primero con Ingeniería de Transportes y Servicios S. A. S., que se inició con un monto de 447 millones de pesos y que tuvo tres adiciones, que dejaron el contrato en 1215 millones de pesos; el segundo fue con la empresa Viajeros S. A. S. por 612 millones de pesos, que tuvo que ser corregido a 494 millones y al que luego se le hicieron dos adiciones por 513 millones. Esta última firma también le suministró agua al Distrito de Santa Marta por 2 717 millones de pesos, y con Industrias Chacón & Correa S. A. S. el 2 de marzo de 2020 por 849 061 397 pesos.
La Gobernación también le compró tanques de almacenamiento a la empresa Rotoplast S. A. S. por 707 millones de pesos. La diputada Aarón dijo que varios de estos depósitos de agua no están en uso, algo que coincide con una denuncia que circuló en las redes sociales de los habitantes de Santa Ana, en el sur del Magdalena, en la que aseguran que, desde agosto, cuando les instalaron estas cisternas, no funcionan.
A la administración Caicedo se le solicitó explicar qué parte de esta ayuda se destinó a las familias indígenas, pero no respondió, a pesar de los múltiples pedidos escritos y verbales a su secretario de Gobierno, José Humberto Torres.
Sin embargo, Caicedo, en una rendición de corte de cuentas a medios locales en septiembre, destacó que su gobernación invirtió 66 000 millones de pesos para contener la pandemia, discriminados en “110 000 mercados solidarios para unas 430 000 personas en el departamento”, explicó. Al revisar la contratación, se registran 13 211 millones de pesos invertidos en mercados, incluyendo el transporte y embalaje de los mismos. También distribuyó 70 millones de litros de agua en los 28 municipios, que le costaron a su administración 4 300 millones de pesos.
Según información de prensa de la Gobernación, de estas ayudas les entregaron 600 mercados a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en dos jornadas, una para la cuenca del río Don Diego y otra en la cuenca del río Aracataca. “En total serán 2400 Mercados Solidarios Populares para 13 000 indígenas magdalenenses”, aseguró haber entregado el mandatario en un comunicado de prensa, pero las comunidades dicen que no se terminaron de entregar esa cantidad de ayudas.
Al corroborar todos los contratos de la Gobernación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), se encontraron cuatro contratos destinados a atender a la población indígena, uno con el resguardo indígena Chimila Issa Oristunna del primero de julio de 2020 por 448 903 280 pesos; otro con el cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira de la Sierra Nevada, del 2 de junio de 2020, por 1 096 414 000 pesos; un tercero con la IPS Indígena Gonawindua Ette Ennaka, del 1 de enero de 2020, por 9 717 938 pesos, y un cuarto que se firmó el 9 de enero de 2020, antes de decretarse la pandemia, por 10 millones de pesos a nombre de Laura Vanessa Uribe Gómez para “desarrollar las acciones como referente de la dimensión diferencial de poblaciones vulnerables en el componente de salud en poblaciones étnicas indígena”.
Tras solicitar a la Gobernación del Magdalena cuentas sobre cuánto de esta inversión tuvo como objeto a los indígenas, envió un oficio adjuntando copias de los contratos sin responder directamente la información solicitada.
En cuanto a la Alcaldía de Santa Marta, otro municipio donde tiene territorio el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, esta entidad, con sus entes descentralizados (la Empresa de Servicios Públicos —Essmar—, el Sistema Estratégico de Transporte y el Instituto Distrital de Santa Marta para la Recreación y el Deporte —Inred—), firmó 2738 contratos por 142 035 millones de pesos; 90 contratos celebrados en 2020 contienen la palabra COVID-19 por un valor de 13 660 millones de pesos, pero ninguno está focalizado para población indígena.
Al responder un derecho de petición, la Secretaría de Promoción Social aseguró que los beneficiarios de ayudas alimentarias fueron 49 005 familias, pero no diferencia cuántos indígenas fueron adjudicatarios de estos mercados. No obstante, el director de poblaciones vulnerables, Luis Fernando Pinzón, sostuvo que, en alianza con la Gobernación, le llevaron ayudas a la población indígena en corregimientos y veredas en las que tienen asentamientos, sin precisar cuántas atendieron.
Al revisar los contratos en el Secop I y II, la Alcaldía de Santa Marta realizó contratos con Distecmedical S. A. S. por valor de 328 millones de pesos, con la empresa Biosciences S. A. S. por 660 millones y con la empresa Reproquic S. A. S. por 1 230 millones, por concepto de insumos y elementos de protección para la red pública de la ciudad, así como pruebas rápidas, según se puede ver en los contratos firmados por la alcaldesa Virna Johnson.
Con Justo y Bueno, la administración de Johnson contrató de manera directa 3 260 millones de pesos para bonos redimibles de alimentos y, con la cadena de almacenes Makro, 3 862 millones para el suministro de alimentos durante la pandemia. También elaboró un contrato para el suministro de agua potable mediante carrotanques por 2 717 millones de pesos a la empresa Viajeros S. A. S., que se dedica al transporte de pasajeros y carga, y alquiler de automotores, entre otros, cuyos propietarios son hijos de Édgar “el Gordo” Soto Buelvas, presunto narcotraficante que es mencionado en el libro Los jinetes de la cocaína. De los contratos relacionados, 1695 son de prestación de servicios OPS.
En Ciénaga, municipio en donde hay 1581 indígenas en el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, 260 en el Arhuaco de la Sierra y 501 por fuera de los resguardos (Dane 2018), la administración realizó 415 contratos por 25 621 millones de pesos. No se logró determinar cuánto de ese dinero se destinó para la atención de emergencias debido a la falta de información en el Secop.
360-grados.co contactó al alcalde de Ciénaga, Luis Faustino Tete Samper, para conocer cuánto de estos recursos destinó su administración para la atención de los pueblos indígenas durante la pandemia e indicó que estas comunidades tenían un rubro específico que se ejecuta a través de proyectos, pero no los habían presentado.
La Alcaldía de Aracataca, municipio en donde hay 642 indígenas en el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, 232 en el Arhuaco de la Sierra y 244 por fuera de los resguardos (Dane 2018), realizó 174 contratos por 15 892 millones de pesos. El alcalde Luis Emilio Correa no respondió a las preguntas que se le enviaron por WhatsApp, tampoco a las llamadas y mensajes a su celular, en las que se le preguntó cómo se priorizó a la población indígena en su municipio para hacer frente al COVID-19. No se observó contratación o inversión con destinación específica a pueblos indígenas.
La Alcaldía de Fundación, en la que tiene jurisdicción el resguardo Arhuaco de la Sierra, con 4799 indígenas según el Dane, efectuó 368 contratos por 4 490 362 500 pesos, de los cuales 236 son contratos por prestación de servicios por 340 805 millones.
La administración del alcalde Carlos Alberto Sierra suscribió dos contratos con la empresa Superlay S. A. S. por 3408 millones de pesos para suministrar 5198 kits alimenticios para igual número de familias, que se entregaron entre marzo y mayo. Según documentos que están en el Secop, la empresa fue conminada a revisar los valores de su propuesta, lo que le llevó a suministrar 331 mercados adicionales.
360-grados.co contactó a la gobernación por medio de su oficina de prensa y a los alcaldes de los municipios en los que hay población indígena, ninguno explicó si tenía un plan para atender a estas comunidades, mucho menos cuánto y cómo fue que focalizaron los millonarios recursos que gastaron durante la pandemia en 2020.
La estrategia indígena
A raíz de la desconexión entre autoridades locales y los indígenas, otros organismos dedicaron tiempo y recursos a cubrir sus necesidades. Amazon Conservation Team (ACT), gracias a su directora en la Sierra Nevada, Juanita Londoño, fue de las primeras ONG en coordinar esfuerzos con Alfonso Torres, gerente de la Ipsi Gonawindua.
Torres explicó que los pueblos de la Sierra promovieron, hace unos 20 años, la creación de un modelo intercultural de salud en el que confluyen las dos visiones de salud: la tradicional y la occidental.
Las cuatro organizaciones indígenas de la Sierra, unidas en la Asociación de Cabildos del Cesar y La Guajira, gestionan una sola EPS: Dusakawi, que en el Magdalena atiende a 35 000 indígenas, de ellos, 26 000 subsidiados, según entrevista con sus directivas.
Esta EPS tiene a su vez cuatro Ipsi por cada etnia: Wintukua, Kankwama, Dusakawi y Gonawindua, las únicas autorizadas por el Consejo del Cabildo de la Sierra Nevada. “Hoy, bajo cuerda, están apareciendo otras IPS que no están autorizadas”, explica el gerente Torres.
El modelo de atención intercultural es la carta de navegación del modelo de salud actual. Tienen como pilar la promoción y la prevención netamente tradicional y en esto se consideran fuertes, señala Torres. “Nosotros desde hace un tiempo nos hemos preparado espiritualmente para esta pandemia. El mamo wiwa Ramón Gil Barros advirtió que las guerras del hombre cambiarían y ahora serían biológicas”, agrega.
ACT asegura que donó mil pruebas rápidas de antígeno, trajes de bioseguridad y elementos de protección. Londoño señaló que desistieron de llevar alimentos a la Sierra tras evaluar que la comida de la ciudad no hace parte de su dieta y podría generar desechos: “En la Sierra, el mejor alimento es el que les da la tierra que cultivan”, sostiene.
Otra organización que se involucró fue la fundación Tras la Perla, promovida por el cantante Carlos Vives, que apoyó al pueblo talanquera de Gunmaku (asentamiento Arhuaco) comprando alimentos a las comunidades campesinas y pesqueras cercanas, y los envió en transporte local. “El objetivo es que el dinero invertido se quede en el territorio”, señala Isabel Vásquez, directiva de esa ONG.
Pese a la poca atención que las autoridades locales han tenido con los indígenas, han sido contadas las quejas presentadas ante los organismos de control locales, como lo evidencia el personero de Santa Marta, Edward Orozco, quien asegura que en tres oportunidades hicieron acercamientos con los líderes, pero estos negaron el acceso de los funcionarios a sus territorios y el contacto se ha mantenido virtual.
El 25 de agosto de 2020, las autoridades intervinieron para desalojar a 2000 personas que invadieron un predio en el Parque Nacional Sierra Nevada, en el corregimiento de Guachaca, territorio denominado La Lengüeta, que se mantiene en constantes alteraciones de orden público por la presencia de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidos en el pasado como los Pachenca. En ese momento, el personero Orozco temió que esta situación ocasionara un contagio masivo en la zona, que está en límites del parque y el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco.
Los invasores salieron del predio después de que esas autodefensas les dieron un ultimátum para desalojar a través de un panfleto amenazante. Después de hacerlo, la Ipsi aplicó pruebas en el resguardo, resultando 30 indígenas contagiados por COVID-19, según confirma Alfonso Torres, gerente de Gonawindua.
En este sentido, los indígenas en la Sierra Nevada, gracias a su IPS, adelantaron su propio sistema de tamizaje y pruebas, previa consulta con sus mamos, sus autoridades tradicionales. “Primero se realizó (la prueba) a líderes, docentes, promotores de salud y a sus familiares. También a los indígenas y a los contratistas que trabajan con la IPS, con las EPS, con la Organización Indígena Tayrona (OIT) y así evaluar y descartar (los contagios) en aquellos que más contacto tuvieran con las personas de afuera”, afirma Torres.
También señala que el factor que más ha favorecido la contención del contagio en pueblos indígenas de la Sierra son las distancias, debido a la geolocalización de los asentamientos.
“Hay asentamientos a más de dos días a lomo de mula, lo que dificulta la atención (sobre todo los pueblos kogui como Taminaka, Don Diego y Wintukua)”, que, por su fuerte arraigo cultural y distanciamiento con los occidentales, siguen siendo tradicionales en el manejo de las enfermedades en comparación con otros asentamientos más cercanos a la medicina occidental. Decisión que parece haberles dado resultado, al menos hasta ahora.
Esta investigación hace parte del proyecto ‘Tras la pista de los dineros del COVID-19’ que se hizo en asocio con Consejo de Redacción (CdR).
“El objetivo es que el dinero invertido se quede en el territorio”