Los Patrones de Ucayali, una red encabezada por un expolicía, depredaron las selvas del este peruano para alimentar mercados domésticos e internacionales. En la empresa criminal participaron decenas de taladores, transportistas e intermediarios que sacaban la madera de la selva para transportarla hacia Lima, así como funcionarios y testaferros que legalizaban los cargamentos a través de la corrupción y la falsificación de documentos oficiales.

Casi ocho meses después de iniciadas las interceptaciones telefónicas, las conversaciones cambiaron repentinamente. Las voces interceptadas ya no hablaban de tala, lavado, ni cargamentos de madera ilegal, sino de destruir pruebas y deshacerse de los teléfonos. Sabían quiénes los estaban escuchando.

Cuando los fiscales ejecutaron las órdenes de arresto, los líderes de la red que ellos denominaron “Patrones de Ucayali” ya habían desaparecido. Fue así como el primer caso que se presentó contra las mafias madereras de Perú como una forma de crimen organizado quedó reducido a las bases de la organización, unos modestos criminales que aceptaron sobornos, falsificaron documentos y talaron árboles.

Los fiscales que investigaban a los Patrones de Ucayali se dieron cuenta de que el nombre que habían dado a la red no era acertado: en realidad, los Patrones eran una red de tráfico de nivel medio, y no los capos del multimillonario tráfico ilegal de madera de Perú. Pero esperaban que con su acción hubieran enviado un mensaje a los altos mandos, aquellos que movían las cuerdas del Estado peruano y empaquetaban madera ilegal para el consumo internacional. Querían que los verdaderos patrones de la mafia maderera peruana supieran que la era de la impunidad había terminado. Pero, por el contrario, recibieron otro mensaje: Somos nosotros los que tenemos el poder.

La red Llancari

La investigación en torno a la red de los Patrones comenzó cuando inteligencia policial contactó a los fiscales de Pucallpa, capital de Ucayali y el principal centro de tráfico de madera de Perú. Habían hallado varias Guías de Transporte Forestal (GTF) sospechosas que se habían utilizado para transportar madera por la carretera que conecta a Pucallpa con Lima, la capital del país.

Los fiscales iniciaron una investigación formal en 2015. En coordinación con la policía, enviaron equipos de vigilancia para rastrear los campamentos de tala, los aserraderos clandestinos y las bodegas. Copiaron documentos y fotografiaron a sospechosos mientras intercambiaban dinero y papeles. Además, intervinieron teléfonos y escucharon conversaciones.

Los investigadores conectaron diversos nodos, y así se fue revelando una red. A la cabeza estaba Juan Miguel Llancari Gálvez, un expolicía y prestamista. A su lado aparecía su mano derecha, Jorge Edilberto Álvarez Choquehuanca, más conocido como “El Chino”, y por debajo de ellos había equipos de madereros, falsificadores, transportadores, funcionarios corruptos y testaferros.
Con el fin de vender la madera extraída ilegalmente de la Amazonía peruana, la red estableció dos cadenas de suministro: una real y otra sobre el papel.

Montar la cadena de suministro real fue la parte fácil. Para ello, El Chino reclutó madereros de la abundante mano de obra informal en las necesitadas comunidades amazónicas.
Utilizando el modelo de financiación tradicional en el sector de la tala ilegal en Perú, conocido como habilitación, les proporcionó combustible y suministros por adelantado para las operaciones, y descontaba los costos del precio pagado por la madera. Sin embargo, a diferencia de muchos habilitadores, que aprovechan tales acuerdos para engañar a los madereros y dejarlos en situación de peonaje por deuda o que incumplen los tratos cuando la madera es entregada, él cumplía su palabra.

A los madereros se les daba la orden de que buscaran y cortaran “shihuahuaco” y “estoraque”, como se conocen en Perú a las especies Dipteryx micrantha y Myroxylon balsamum, maderas tropicales apetecidas para la construcción de pisos y terrazas, especialmente por los importadores del mayor socio comercial de madera de Perú: China.
Desde los campamentos en la profundidad de la selva, las cuadrillas enviaban troncos por el río en barcazas, los procesaban utilizando aserraderos portátiles ilegales y los almacenaban en sus tres bodegas clandestinas.

El primer trayecto del transporte de la madera por carretera tenía que realizarse sin documentos, por lo que El Chino y Llancari hacían arreglos con empresas de transporte de confianza. El Chino les pagaba a los camioneros no solo los costos del transporte, sino además los sobornos necesarios para pagarle a la policía.

La red contaba además con tres agentes de policía, quienes escoltaban los cargamentos en su trayecto, dando sobornos en los puestos de control de la carretera, y alertando a El Chino y a los transportadores sobre la presencia de patrullas que no estaban previstas.

Una vez los camiones llegaban a la carretera Federico Basadre, que conduce a Lima, El Chino les entregaba a los conductores los documentos que demostraban la legalidad de la madera, y ya de allí podían continuar hasta encontrarse con los exportadores.

Cómo obtenían la documentación

Obtener esos documentos y establecer las pruebas documentales que los hacía parecer legítimos eran tareas más complejas para los Patrones. Esta era la clave de toda la operación —y de la industria peruana del tráfico de madera en general: la inserción de la madera ilegal en la cadena de suministro legal.

En primer lugar, necesitaban crear las empresas que se harían pasar por madereras legales y comercializadoras de madera. Una de estas compañías fachada fue registrada a nombre de la esposa de Llancari. El resto, sin embargo, utilizaba testaferros, que en la acusación se describen como “hombres jóvenes, sin medios económicos ni garantías reales para justificar capital ni operaciones comerciales de importancia económica”. Las “oficinas” de la compañía eran casas deterioradas en la zona pobre de la ciudad.

Llancari también utilizaba empresas fachada para lavar los pagos de los exportadores. El dinero entraba a las cuentas bancarias de la compañía, y luego los testaferros lo retiraban en efectivo y se lo entregaban a El Chino. A cambio, recibían entre 100 y 200 soles (US$30-60) por cada transacción.

“Recibían pagos de 50.000 o 100.000 soles (US$15.000-30.000) mensuales, pero vivían en situaciones que no coincidían con tanto dinero”, dice Reátegui.

Luego los Patrones necesitaban conseguir la documentación adecuada. Para ello encargaron a una experta falsificadora llamada Norma Chuquipiondo Carillo, alias “Tía Norma”. La redada de la policía en la casa de Tía Norma permitió hallar las herramientas de su negocio: contratos de tala falsificados, libros de informes de procesamiento en blanco pero firmados por aserraderos, sellos oficiales de las autoridades forestales, facturas, recibos bancarios y montones de dinero en efectivo.

Tía Norma obtenía estos documentos y los demás que necesitaba mediante contactos corruptos en aserraderos legales, que operan como centros de lavado de madera, y de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS), el corrupto organismo gubernamental local responsable de autorizar y monitorear la extracción, el transporte y la venta de madera.

El río Ucayali es la columna vertebral de una de las redes de tráfico de madera más sofisticadas de Perú. Foto de la Fiscalía de la Nación, Perú.

Para entonces, Tía Norma había construido minuciosamente sus pruebas documentales; cada cargamento tenía un GTF que estipulaba que la madera había sido extraída de una comunidad indígena autorizada para vender madera en su territorio, a pesar de que las comunidades y sus líderes nunca habían oído hablar de Llancari ni de las empresas fantasma que operaba.
Cada GTF tenía sellos de ingenieros de la DGFFS para demostrar su paso por los puntos de control ubicados entre esas comunidades y la ciudad de Pucallpa, a pesar de que la madera nunca llegaba a menos de cien kilómetros de Pucallpa.

Los GTF también iban acompañados de documentos de procesamiento que registraban su paso por los aserraderos de Pucallpa, y que contenían los sellos de funcionarios de la DGFFS para indicar que habían inspeccionado los cargamentos después de ser procesados, a pesar de que la madera era procesada por sierras portátiles en bodegas clandestinas remotas.
Solo faltaba entonces que El Chino llevara los documentos al cruce en donde confluyen la carretera que proviene de la selva y la carretera hacia Lima, y allí los camiones de madera ilegal recibían la documentación.

A los fiscales y la policía les tomó más de un año recabar las pruebas y reconstruir el mapa de la red de los Patrones. Pero se vieron en aprietos cuando los teléfonos se silenciaron. Alguien, ya sea de la policía o de la fiscalía, dos instituciones notoriamente corruptas, había avisado a Llancari. ¿Qué podrían hacer entonces?

La conexión Bozovich

Las investigaciones sobre la red de los Patrones quedaron estancadas con Llancari. Pero la madera ilegal que estaban extrayendo de la Amazonía siguió llegando a los principales exportadores de Perú y a los verdaderos patrones del comercio de madera del país.

Hay una frase que se repite una y otra vez a lo largo de la acusación: “con destino Bozovich”, el nombre más antiguo y famoso en el comercio de madera en Perú. Sin embargo, en ningún momento la familia Bozovich o la empresa matriz de su imperio empresarial, Bozovich SAC, se convierten en parte de la investigación criminal.

El motivo queda claro en las notas de los investigadores basadas en comunicaciones interceptadas a partir del 13 de julio.

Es el mismo mecanismo de protección tras el cual se ocultan los exportadores y otros usuarios finales a lo largo de toda la industria: mientras los documentos digan que es legal, y las agencias forestales estatales no demuestren lo contrario, entonces son “compradores de buena fe”.

“Bozovich tiene el encubrimiento perfecto porque, si son investigados, pueden decir, ‘pues yo les compro la madera a empresas que están legalmente conformadas y constituidas, y todo fue debidamente contabilizado por lo que no tengo ninguna responsabilidad’”, dice Reátegui. “Este es el esquema que usan en todo el país”, agrega.

El argumento de la mala fe y la buena fe quedó al descubierto en 2017, durante una investigación encubierta de Global Witness. En el informe, los exportadores filmados en secreto admitieron que eran conscientes de que los documentos que demostraban que los envíos eran legales no valían ni el papel en el que estaban impresos.

Entre las personas dejadas en evidencia por Global Witness se encontraba William Castro, un comerciante de madera que según numerosas fuentes internas tiene estrechos lazos con Bozovich, y cuya compañía está siendo investigada por tráfico de madera, según Ojo Público, sitio web de investigación peruano.

“Presentan los papeles con los sellos, y uno los mira y compra, pero ¿cuál es la garantía? El sello de estos gobiernos regionales no tiene ninguna garantía”, dijo.

Sin embargo, comprar madera a redes como la de los Patrones representa solo una fracción de los negocios de estos exportadores. Gran parte de su madera proviene de redes de empresas complejas, y a menudo transnacionales, creadas por socios y abogados cuyas manos —y dinero— se mantienen limpias.

Estas redes de taladores, madereras, aserraderos, empresas de alquiler de maquinaria, bodegas y empresas de transporte les permiten a las grandes empresas financiar directamente madereros ilegales y mover la madera que producen a lo largo de la cadena de suministro, pero todo a una distancia segura.

“[Los exportadores] tienen personas en las zonas donde la extracción está prohibida, pero hay madera que les interesa exportar. Una vez que la encuentran, invierten en maquinaria, personal, y en las actividades para extraer la madera y convertirla en material exportable”.

La investigación que las autoridades peruanas hicieron a la red conocida como "Los Patrones de Ucayali" nunca llegó hasta sus miembros más poderosos. Foto de la Fiscalía de la Nación, Perú.

Estas inversiones se canalizan como pagos realizados a las empresas fachada, como afirma Rolando Navarro, expresidente del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), entidad estatal encargada de inspeccionar las operaciones madereras y de investigar las violaciones a la ley forestal. Luego los exportadores coordinan las actividades desde la selva hasta los puertos, utilizando sus propios agentes, que aparecen en los registros de las empresas bajo términos contables tan vagos como “personal de servicio”, cuenta Navarro.

“Ponen a su gente en la zona para garantizar que la madera salga y llegue a su destino final”, afirma. “[El exportador] debe tener una cadena de custodia y contar con personal en campo que constantemente les informe cuántos árboles han sido talados, qué especies, y cuáles están en qué bodegas, de manera que puedan proyectar cuándo la madera va a llegar a sus manos y así poder programar sus exportaciones. Operan así a nivel nacional”.

Los investigadores comenzaron a poner en evidencia el funcionamiento de estas redes mediante la Operación Amazonas, una operación contra la madera ilegal que se llevó a cabo por varias entidades entre 2014 y 2015, liderada en parte por Navarro. Los investigadores analizaron ciertas empresas exportadoras e identificaron movimientos internos de efectivo y madera, que se hacían aparecer como negocios externos realizados por redes de supuestos comerciantes de madera, aserraderos y proveedores de servicios. Cuando analizaron más de cerca estos negocios, se encontraron con empresas fachadas cuyas oficinas eran casas o incluso chozas destartaladas, que compartían gerentes, representantes legales y directores, y cuyos flujos de capital no coincidían con su capitalización declarada.

La red Bozovich

Si bien las acusaciones de comercio ilegal de madera han girado en torno a Bozovich durante más de 15 años, la familia nunca ha enfrentado cargos criminales. Sin embargo, las investigaciones de InSight Crime sobre la red Bozovich muestran un perfil sorprendentemente similar a lo que los investigadores describen.

Con la ayuda de investigadores de Global Witness, el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency, EIA), InSight Crime obtuvo documentos que detallan el movimiento de más de 8.000 cargamentos de madera dentro de Perú entre los años 2006 y 2016 pertenecientes a Bozovich, así como más de 400 exportaciones desde 2015.

Los datos muestran cientos de cargamentos de madera provenientes de concesiones madereras ubicadas en la lista roja de OSINFOR, en la que se incluyen las fuentes de madera que han sido sancionadas o están en proceso de ser sancionadas por falsificación de datos u otras infracciones a la ley forestal, así como muchas otras que nunca han sido sometidas a inspecciones.
Pero los datos muestran algo más: pruebas documentales que conducen a una cadena de suministro circular en la que un puñado de nombres y direcciones aparecen una y otra vez en las empresas relacionadas con Bozovich.

Cerca del 70 por ciento de las exportaciones de 2015 correspondían a madera procedente de apenas dos empresas que solo hacían negocios con Bozovich: EP Maderas y Comercial AJAE. InSight Crime rastreó otros 1.011 cargamentos de madera enviados por EP Maderas y AJAE a Bozovich. De estos cargamentos, el 49 por ciento procedía de zonas de tala incluidas en la lista roja de OSINFOR, mientras que otro 13 nunca había sido sometido a inspecciones. En ese mismo año, AJAE fue sancionada dos veces por comerciar madera ilegal.

Cuando los investigadores de InSight Crime se dirigieron a la dirección donde aparecen registradas las oficinas de AJAE en Lima, se encontraron con un apartamento en un complejo residencial registrado a nombre de una familia del sector. Por su parte, la dirección de EP Madera está registrada en la oficina del abogado de Bozovich, quien es eje central en su red: José Alfredo Biasevich Barreto.

Una revisión más detallada de las empresas muestra su posición en una intrincada red conectada con Bozovich. Entre los representantes legales de EP Maderas se encuentran Pedro José Cuestas Torres, quien ocupa cargos en otras siete empresas madereras, y Juan Armando Angulo Dávila, quien también resulta ser director general de AJAE y representante legal en tres de las mismas empresas donde aparece el nombre de Cuestas Torres.

Una de estas empresas madereras es otro proveedor de Bozovich que aparece en los datos de Callao. Esa compañía tiene la misma dirección de otra empresa maderera, cuyo gerente ejecutivo es José Alfredo Biasevich Barreto. El representante legal de AJAE, por su parte, también resulta ser un representante legal de una de las dos filiales de Bozovich que poseen concesiones forestales, y que cuentan entre sus representantes legales a los propios hermanos Bozovich y a José Alfredo Biasevich Barreto.

El conglomerado de negocios de Bozovich se extiende a nivel transnacional. La familia posee negocios de importación de madera tanto en Estados Unidos como en México. Tiene además negocios offshore en paraísos fiscales administrados por Mossack Fonseca, el bufete de abogados que se hizo famoso por las filtraciones de “los papeles de Panamá”, debido a su capacidad para ocultar dinero robado, ganancias de la corrupción y dineros del narcotráfico.

Algunos informes de Ojo Público señalan transacciones financieras sospechosas canalizadas a través de estas empresas offshore. Una vez más, las pruebas documentales conducen a José Alfredo Biasevich Barreto.

Biasevich aparece como gerente general de Latitud 33, empresa cuya dirección comercial se encuentra en su despacho de abogados, aunque está registrada en la isla de Niue. Según la investigación de Ojo Publico sobre los papeles de Panamá, en 2008 Latitud 33 utilizó transferencias de dinero en el extranjero para comprar las acciones del aserradero Industrial Satipo por US$499.000 —una compra que levantó sospechas dado que Biasevich también había sido ejecutivo de Industrial Satipo, y porque apenas un año después la compañía fue cerrada por las autoridades fiscales—.

El dinero para la compra fue transferido a Oswaldo Frech Loechle, otro representante legal de las dos concesiones forestales de Bozovich, así como a una empresa de transporte. Pero aquí no termina el enredo: el representante legal de la empresa de transporte es el gerente general de una empresa de alquiler de maquinaria. Y el representante legal de la empresa de alquiler de maquinaria es también representante legal de las dos concesiones forestales de Bozovich y de la misma cadena de empresas madereras donde una y otra vez aparecen los nombres Biasevich, Cuestas Torres, Angulo Dávila y otras personas.

El ala transnacional del imperio Bozovich podría ser su mayor vulnerabilidad. En 2017, Ojo Público reveló que los fiscales peruanos estaban investigando a Mossack Fonseca y a sus clientes peruanos, incluida la familia Bozovich, por lavado de dinero. Por otro lado, la familia también podría ser enjuiciada debido a su filial en Estados Unidos, en virtud de la Ley Lacey, una ley que cierra el vacío legal de “buena fe”, pues sostiene que el solo hecho de poseer documentos que afirman que la madera que uno posee es legal no es excusa para comerciar madera ilegal.

El negocio del poder

La familia Bozovich no solo está en el negocio de la madera, sino además en el negocio del poder.

La industria maderera ha cooptado al Estado peruano, desde gobiernos locales y congresistas en los focos de tala, hasta las agencias estatales responsables de proteger los bosques de Perú y regular el sector. Y los Bozovich se sitúan en el centro de este eje industrial y político.

Esto es sobre todo evidente en la Mesa Forestal, entidad que reúne a los principales actores del sector público y privado. En dicha mesa, el sector privado está representado por dos hombres: el presidente de la Asociación de Exportadores de Perú (ADEX) y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quien desde abril de 2018 es además miembro de Forest Stewardship Council (FSC), organismo internacional de certificación de la silvicultura sustentable. El primero es Eric Fischer, un ejecutivo de Bozovich, y el otro es José Alfredo Biasevich.

Algunos miembros de la industria, así como funcionarios y exfuncionarios que hablaron bajo condición de anonimato, afirman que Fischer y Biasevich establecieron la agenda de la Mesa Forestal, y que con la complicidad de funcionarios forestales e incluso ministros que asisten a las reuniones, han desviado a la mesa de las discusiones sobre la regulación de la industria.

Por el contrario, los agentes de Bozovich, sus socios madereros y sus cómplices en el Estado volvieron la mirada hacia OSINFOR, la institución que ha puesto en evidencia la magnitud de la ilegalidad en la cadena de suministro de la madera en Perú y amenaza con hacer lo que más temen: demostrar que es posible hacer rastreo al comercio de madera en Perú.

La más reciente medida contra OSINFOR se produjo a finales de 2018. El gobierno promovió polémicas reformas que pondrían fin a la autonomía de la institución y a la independencia de la intromisión política, y la puso bajo el control del Ministerio del Ambiente, que por entonces estaba encabezado por Fabiola Muñoz, en investigaciones a nombre de empresas madereras. Según las investigaciones de Ojo Público, las reformas fueron impulsadas por Eric Fisher y José Alfredo Biasevich.

Sin embargo, en abril de 2019, el gobierno hizo un cambio de dirección, luego de anular las reformas tras fuertes protestas públicas e intensas presiones del gobierno de Estados Unidos, el cual afirmó que las medidas violaban las condiciones establecidas en los acuerdos comerciales entre los países. Para los promotores, la represalia fue una positiva señal de que el control del poder sobre la madera se puede detener. Pero continúa la sensación de que OSINFOR está asediado.

Bozovich rechazó las múltiples solicitudes de InSight Crime para tener una entrevista, y no respondió a las preguntas escritas.

La resolución del caso

La fiscal que llevó a cabo la investigación de los Patrones sabe muy bien que el caso dejó intactos a los altos mandos del comercio ilegal de madera.
“Llancari era de nivel medio”, afirma Reátegui. “Hay peces más gordos, pero se trata de negocios legales y formales que mueven mucho más dinero, por lo que tienen mucha más protección de políticos y jueces”.

A pesar de esto, y a pesar de que todavía no había señales de Llancari, su esposa y El Chino, el caso representó la primera oportunidad para llevar a cabo un juicio por crimen organizado en torno a una red de tráfico de madera, lo que representaría un logro histórico en la lucha contra el comercio ilegal de madera en Perú.

El caso se desarrolló en varios tribunales peruanos, desde Pucallpa al tribunal ambiental de Huanaco y luego al tribunal nacional sobre crimen organizado en Lima.

El fallo del juez se produjo en julio de 2018. Pero en lugar del golpe contra el tráfico de madera que los fiscales esperaban, se obtuvo un golpe de impunidad: El juez absolvió a todos. No porque fueran inocentes de las acusaciones, sino porque el juez consideró que los fiscales no habían demostrado que se había cometido algún delito.
El fallo fue un enredo de contradicciones y contorsiones legales.

Específicamente, el juez argumentó que la ley forestal de Perú solo prohíbe el tráfico de especies protegidas como la caoba y el cedro, ignorando que la ley había cambiado en septiembre de 2015 —ocho meses antes de las detenciones— y que ahora incluye todas las especies arbóreas. El juez además se negó a permitir que la madera incautada fuera utilizada como prueba, aduciendo que no podía ser tomada en cuenta porque no se había comprobado la especie, y que los fiscales no habían demostrado que era ilegal, pues no habían demostrado de dónde procedía.

Además, el juez hizo caso omiso de los cargos de conspiración. Dijo que los acusados no pueden ser condenados por los delitos de “facilitar, adquirir, recolectar, almacenar, transformar y transportar madera de origen ilegal”, pues ninguno había hecho todas y cada una de esas actividades.

El fallo sorprendió tanto a Reátegui como a la fiscal de Lima que asumió el caso, Irene Mercado. Ambos son cautos en cuanto a sus conclusiones, pero se puede observar que conservan sus sospechas.

“Estoy muy preocupada porque no creo que un juez habría hecho esa evaluación a la ligera”, dice Mercado, quien poco después presentó una apelación. Sostuvo que, a pesar de que la investigación había comenzado antes de que la nueva ley entrara en vigor, los Patrones habían seguido traficando madera durante ocho meses después, y que además la tala de cualquier especie sin autorización era un delito según la antigua ley, aunque traficarla no lo sea. En la apelación también se pregunta por qué la disputa sobre la ley de tráfico también condujo a retirar los cargos de soborno y corrupción.
En la apelación se observa asombro por los razonamientos del juez. “El juez no puede exigir que el Ministerio Público especifique el origen de la madera ilegal dado que esto es imposible; sería como exigir que se especifique de dónde proviene una pieza de oro ilegal o de qué parte del mar provienen los peces de una operación de pesca ilegal”, se lee en el documento.

Sin embargo, la apelación nunca fue presentada. El fiscal superior consideró que el fracaso radicaba en el caso que construyeron los fiscales y que por lo tanto deberían aceptar el primer fallo. Mercado quedó muy frustrada por esta decisión.

“Vamos a apelar, que el tribunal decida si tengo razón o no, pero vamos a apelarlo y debatirlo”, dijo. “Pero desafortunadamente, no se nos dio esa oportunidad.”

El primer caso por crimen organizado relacionado con tráfico de madera en Perú ha fracasado. Sin embargo, para los fiscales este revés no representa el fin de los intentos de tratar el comercio ilegal de madera como un asunto de crimen organizado, y hay otros casos más que actualmente se están adelantando en las cortes. Sin embargo, ninguno ha tocado a los capos de la madera al final de la cadena de suministro.

“En Pucallpa, todo el mundo maneja madera ilegal, absolutamente todo el mundo”, afirma Reátegui. Y cuanto más grandes son, más protegidos están, esa es la realidad”.