Mientras Grismaldo, un indígena wayúu de poco más de 20 años, camina por las orillas del Ranchería, recuerda cómo el río solía proveer agua potable a más de 1.500 personas de su comunidad en el norte de Colombia. “Todos aquí solíamos beneficiarnos. Usaban el agua para lavar y bañarse”, dice. “[Pero] algunos animales que bebían de estas aguas enfermaban o morían sin razón aparente.”
Hace no menos de una década, los vecinos usaban el agua del Ranchería, hoy es un caldo impotable. La causa está aguas arriba: Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina, que es propiedad y que es operada por la compañía minera británica Glencore. La vasta mina, que tiene seis veces el tamaño de Manchester, extrae agua del río y devuelve aguas residuales a él, según la ONU.
Parte de una zona conocida como el “corredor minero”, el sur de La Guajira es una región desértica donde las precipitaciones son escasas. También es una de las áreas más pobres del país. Las comunidades ganaderas locales dependen de ríos que fluyen desde las cordilleras cercanas y suministran la mayor parte del agua en la región. El Ranchería es uno de estos ríos, pero la gente dejó de usarlo cuando comenzó a sufrir enfermedades de la piel, que atribuyen a los residuos de carbón proveniente de El Cerrejón.
Aunque el río pasa a pocos metros de sus hogares, ahora se ven obligados a perforar pozos profundos, que producen agua salobre apta solo para animales, o bien comprar agua transportada en camiones cisterna.
Este es uno de los muchos efectos nocivos de la mina Cerrejón de Glencore, la cual ha sido vinculada desde hace tiempo a controversias ambientales. Sin embargo, Glencore sigue recaudando enormes sumas de dinero con la ayuda de bancos internacionales. Entre ellos, HSBC, que según el Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) ayudó a la compañía a levantar mil millones de dólares en 2023, a pesar de haber prometido restringir la financiación a empresas que expanden la producción de carbón.
Desviando ríos
Casos como el de Grismaldo se han vuelto cada vez más comunes: los efectos de Cerrejón sobre el abastecimiento de agua local han sido objeto de disputas legales que se remontan a años atrás. En 2014, el gobierno autorizó a Cerrejón –que entonces era propiedad de una filial de Glencore, BHP Billiton, y Anglo American– a desviar tanto el río Ranchería como el Bruno, un pequeño afluente que también proveía agua potable a comunidades cercanas.
El líder Wayúu Misael Socarrás se opuso a que lo desviaran y, junto con otras organizaciones indígenas y grupos no gubernamentales, llevó a Glencore a los tribunales. Él afirma que no es el único curso de agua afectado. Las comunidades de La Guajira verificaron la desaparición o reducción en tamaño de más de 17 ríos que son vitales para el acceso al agua.
En 2017, la Corte Constitucional de Colombia falló a favor de las comunidades y ordenó detener los trabajos en el río Bruno, aunque para entonces ya había sido desviado.
El líder Wayúu Leobaldo Sierra afirma que el desvío del Bruno ha impedido la siembra, la caza y la pesca de los miembros de su comunidad El Rocío, que se encuentra cerca de la fuente del río.
Glencore sostiene que mantiene un compromiso de “participar de manera significativa” y “respetuosa” con las comunidades locales, de acuerdo con la ley colombiana, y que Cerrejón cuenta con un plan de gestión ambiental que busca identificar, prevenir, mitigar y compensar los impactos de sus operaciones.
A pesar de las evidencias y los fallos en contra, la compañía afirmó que sus actividades no afectan negativamente la calidad ni los volúmenes de agua del río Ranchería, que según ellos, analizan y consideran dentro de los límites regulatorios para consumo doméstico, y que el caudal aumenta a medida que pasa por la mina Cerrejón.
También aseguró que utilizan cantidades mínimas de agua del río en comparación con industrias como la agricultura, que consume la gran mayoría. Además, agregó que el arroyo Bruno es un río estacional que las comunidades aguas abajo siguen usando, y que solo ha intervenido cuatro ríos, según lo aprobado por las autoridades ambientales.
Pero para Sierra y Socarrás, el daño ya está hecho. “Nos quitaron nuestra espiritualidad, nos quitaron nuestros medios para vivir bien, en armonía con la naturaleza”, dice Sierra. “El territorio aquí es una sola entidad… La visión cultural y espiritual es diferente a la visión empresarial.”
Líos legales
Al menos 12 comunidades cercanas a la mina han presentado demandas en los tribunales colombianos para obligar a El Cerrejón/Glencore a abordar los daños ambientales y de salud que causa, según CAJAR, un grupo de abogados que ha representado a varias de ellas.
Sin embargo, CAJAR señala que muchas órdenes judiciales, como garantizar el acceso de las comunidades al agua potable y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales, no han sido completamente cumplidas.
En un caso, las hermanas Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana demandaron a la compañía alegando que uno de los depósitos de Cerrejón estaba afectando la salud de Yasmina, de 18 meses. En su fallo dos años después, la Corte Constitucional de Colombia citó estudios científicos que detectaron altas concentraciones de elementos tóxicos relacionados con la quema de carbón y partículas en suspensión en el aire cerca de los sitios mineros.
Rechazó la afirmación de la empresa de que los problemas de salud en las comunidades indígenas se debían a caminos sin pavimentar, a cocinar con leña o fumar. A Cerrejón (entonces propiedad de BHP Billiton, Anglo American y Glencore) se le ordenó priorizar la seguridad de las comunidades indígenas y garantizar condiciones ambientales y de salud adecuadas.
También se le ordenó implementar controles de calidad del aire y del agua, reducir la contaminación por polvo y ruido, y prevenir incendios en las cercanías del resguardo. Tras ganar la demanda, Cerrejón construyó un centro de salud para la comunidad y les entrega quincenalmente agua potable a través de carrotanques, lo que, según ellos, ha mejorado su calidad de vida.
Sin embargo, el daño causado por 30 años de minería sigue siendo profundamente sentido. “Cuando hablamos de daño a la madre tierra, a la madre naturaleza, ese daño no puede ser reparado, no puede ser compensado, porque estos daños no se arreglan de un día para otro”, dice María Cristina Figueroa, una líder local.
Glencore afirmó que respeta todas las decisiones judiciales y las cumple en su totalidad, incluidas aquellas que le exigen realizar consultas adicionales con las comunidades y seguir mitigando los impactos de Cerrejón. Las sentencias también incluyen una que le ordena detener la minería en el área alrededor del caño Bruno, añadió la empresa.
El costo de vivir cerca de la mina
A pocos kilómetros al sur, María Mercedes, una matrona Wayúu, vive en otra reserva ubicada a pocos metros tanto de las entradas de Cerrejón como del río Ranchería. En los patios de las casas hay tanques de agua que se entregan cada semana, especialmente importante aquí porque el polvo levantado por la mina se acumula en los techos, dificultando la recolección de agua de lluvia. “Dos mil litros [de agua] nos cuestan 50,000 pesos (£10)”, explica María.
Es un gasto difícil de afrontar para una comunidad donde los hombres apenas ganan 10,000 pesos al día trabajando en los ladrilleros. Glencore afirmó que monitorea la contaminación por polvo y toma medidas para minimizarla, además de que entrega voluntariamente agua a numerosas comunidades durante el año sin costo para ellas.
Yudi Amaya Pushaina, hija de María y una de las líderes de esta reserva, también enfrenta amenazas por su activismo. Cuando parte de la comunidad llegó a un acuerdo económico con Cerrejón para construir un sistema de acueducto, Yudi Amaya dice que ella y sus vecinas fueron engañadas.
“No sentimos que la compensación que le dieron a la comunidad compense los daños que Cerrejón nos ha hecho como reserva”, afirma Yudi Amaya.
Días después de ser entrevistada para esta historia, su hermana Elida murió por complicaciones relacionadas con cáncer de estómago y pulmón. “Supuestamente por fumar y cocinar con leña”, Yudi Amaya le dijo a TBIJ por mensaje de texto.
Este artículo fue publicado originalmente en The Bureau of Investigative Journalism con el título: "Dirty water, toxic air: Life beside Glencore’s mammoth coal mine"