En una zona de especial valor ecológico de Guaviare, desde 2017 están en pie cultivos de palma de aceite. Un empresario del Meta es la sombra de estas palmeras.
En el Guaviare en los últimos años irrumpieron en el paisaje cultivos de palma de aceite que antes solo eran comunes en el Meta. Por el sur de este departamento se fueron expandiendo hasta llegar allá. A la ganadería, que ha aumentado en Guaviare en un 150% en los últimos siete años, según cifras de Fcds, se sumó esta actividad agrícola.
Guaviare, junto con Meta, Caquetá y Putumayo son los cuatro departamentos más deforestados de la Amazonía, la presión sobre su conservación es alta. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz también ha habido acaparamiento de tierras en la región.
Hasta ahora los cultivos se han mantenido en cientos de hectáreas, pero su impacto ambiental en términos de biodiversidad es grande y el riesgo de que se expandan también. Está en zonas de reserva forestal donde no está permitido ese uso y en otros casos bordeando el amenazado resguardo Nukak.
Las palmas han pasado de agache frente a la mirada de las autoridades locales que en algunos casos han intentado hacer algo sin éxito y en otros simplemente han renunciado por posibles riesgos de seguridad. Los presuntos dueños son viejos conocidos de siempre.
La Silla viajó allá en plena cosecha y visitó los cultivos que se encuentran a un costado de la trocha ganadera, una carretera que atraviesa las Sabanas de la Fuga, unos herbazales con un área de más de 50 mil hectáreas. Este ecosistema sirve de transición entre las planicies de los Llanos Orientales y la selva amazónica.
Una primera finca está a pocos kilómetros de Boquerón, un caserío fundado por colonos, que es el límite entre las tierras que son titulables. A partir de ahí las sabanas hacen parte de la reserva forestal de la Amazonía según el Instituto Sinchi, una figura que restringe su uso al manejo sostenible del bosque y que no permite su adjudicación a particulares, a menos que sean extraídos los terrenos. Así lo señala la Ley 2 del 59 que en la región amazónica muchos se han pasado por la faja.
Más al occidente, siguiendo por la misma trocha, a 58 kilómetros se encuentran el otro cultivo, en la vereda Caño Negro, pegado a Charras, otro centro poblado que es vecino de Mapiripán, en el departamento del Meta, separados solo por el río Guaviare.
De quién son estas fincas ha sido motivo de especulación desde el momento en el que aparecieron los cultivos hacia 2017.
En el departamento unos se los atribuyen a Nebio Echeverry, un comerciante y terrateniente risaraldense que llegó como colono al Guaviare hace más de 30 años y que ha sido su gobernador dos veces. El año pasado se lanzó por tercera vez pero declinó su aspiración. Echeverry ha sido señalado de promover la deforestación en ese departamento, pero nunca ha sido condenado.
Las versiones que lo vinculan con los cultivos de palma tiene que ver con que durante su mandato entre 2016 y 2019 le hizo mantenimiento a la Trocha Ganadera, lo que provocó la llegada masiva de ganaderos y palmeros, que compraron mejoras y títulos a los colonos.
Otro nombre ha rondado como un fantasma en la región: el de Reinel Gaitán Tangarife, conocido como el “Gurre”, un controvertido empresario y agricultor que ha sido uno de los promotores de la expansión de los cultivos de palma en el medio y alto Ariari en Meta, junto con su hijo, Jorge Gaitán, conocido como “coco”. Este último estuvo cerca de lanzarse a la gobernación del Guaviare hace unos años con el beneplácito del exgobernador Echeverry.
El medio y alto Ariari en Meta, ubicados el sur de ese departamento, son una zona atravesada por un río del mismo nombre, en el que hoy hay más de 27 mil hectáreas de palma aceitera, casi un 20 por ciento de las cerca de 140 mil que hay sembradas en los Llanos Orientales, según datos de la Federación de Palmeros, Fedepalma.
Los caminos que conducen a Gaitán
En las fincas que visitó La Silla en el Guaviare, hace varios meses un pequeño grupo de trabajadores está recogiendo la cosecha de corozo de palma, a pesar de que en teoría esos cultivos no deberían estar allí.
Un campesino que pasa por el lugar y que no reveló su nombre por seguridad, dice que esa finca es de propiedad de una persona a la que conocen con el apodo de ‘Coco’ y que vive en Granada. “Nunca lo he visto, pero sé que la carga la llevan allá”, comenta.
En el lugar se observa a lo lejos un contenedor con el nombre de Agropecuaria La Rivera, una empresa creada en 2011. Su representante legal Reinel es Gaitán Tangarife, según el Rues.
En 2017 la autoridad ambiental Corporación del Norte Amazónico —CDA— recibió una queja anónima en la que se denunciaba que “de Charras para arriba estaban sembrando mucha palma”, y la comunidad no estaba de acuerdo porque les “seca el agua”.
La CDA inició una investigación en la que identificó como responsable a Harry Guarnizo, nacido como Gaitán Tangarife, en Granada, Meta.
Guarnizo, un campesino de 43 años, le dijo a la Silla que efectivamente él es el dueño de la plantación de palma africana. Cuenta que llegó hace ocho años a la zona después de abandonar un cultivo de coca y que se apropió de 300 hectáreas.
“Me metí en el Plan de Sustitución de Cultivos —Pnis—, y mi proyecto era de palma. Eso eran baldíos, yo llegué y tomé posesión. Tengo los certificados de la Junta de Acción Comunal de cada vereda, (que) me certifica que yo tengo la sana posesión (de esos predios)”, explica Guarnizo.
Guarnizo niega que el político Echeverry o el empresario Gaitán sean los propietarios de esos predios, pero no esconde su relación con el segundo. Según él, el “Gurre” le prestó las semillas y el abono para sembrar 10 mil palmas, que hoy le producen al mes unas 10 toneladas de corozo de palma. Gaitán, también le envía sus camiones cada quince días a recoger la cosecha, según Guarnizo, que es llevada a La Rivera Gaitán, de propiedad del empresario. Cuenta que además le vende a otra extractora en Puerto Rico.
La imposibilidad de las autoridades para proteger la Amazonía
En el informe técnico de la CDA contra Guarnizo se lee que los cultivos de palma están ubicados en “bosques de galería” que son árboles y vegetación que bordean y protegen humedales, ríos y caños, y que protegen estas fuentes de agua. Detallan que las dos fincas están cerca de “una fuente hídrica protegida por una morichera… Un nacimiento de agua que surte el caño Conejo” y “a 2000 metros de una laguna hacia la vereda de caño Negro”.
Los técnicos calificaron el daño ambiental y el cambio del uso del suelo provocados como: “severo, difícilmente reversible”, y dijeron que “su afectación puede generar un cambio ecológico en el territorio”.
Guarnizo dice que desconocía las figuras de ordenamiento del departamento y que llegó a la región a “promover el empleo” con un cultivo en “una región que no tiene una economía establecida”. También que montó la palmera como una forma de sustituir cultivos ilícitos en la región.
A los pocos meses de abrir la investigación ambiental, en febrero de 2018 la CDA envió copias de la misma a la unidad de la fiscalía encargada de delitos contra el medio ambiente. Con las pruebas una juez penal le imputó ENLACE a Guarnizo en julio de 2019 el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica agravado.
Sin embargo, desde entonces el proceso empezó a dar tumbos, porque la juez que llevaba el caso en San José se declaró impedida por una enemistad con el abogado defensor de Guarnizo y el mismo fue reasignado a otro juzgado en Granada, Meta. Aún no se ha tomado ninguna decisión.
Por su parte, el 26 de marzo de 2020, la CDA sancionó a Guarnizo con una multa de 50 millones de pesos, lo obligaba a tumbar los cultivos y a sembrar 2.200 plántulas en el corredor biológico de las fuentes hídricas afectadas.
Un año más tarde, el entonces director de esa entidad en Guaviare, Luis Acosta, revocó la sanción y archivó el proceso argumentando que se le violó el debido proceso a Guarnizo, porque no pudo controvertir las pruebas y no fue notificado adecuadamente de la investigación, entre otras irregularidades.
Esa decisión permitió que los cultivos continuaran en pie y que Guarnizo empezara a explotarlos.
El director general actual de la CDA, Óscar Vargas, quien asumió a comienzos de este año,no está de acuerdo con la decisión de Acosta y en su opinión si encontraron esas irregularidades se debió comenzar de nuevo el proceso, pero no archivarlo.
Vargas también asegura que, por ser las tierras afectadas una zona de reserva forestal de ley 2, la entidad que debió actuar desde el principio fue la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente. También la Agencia Nacional de Tierras —ANT— porque son baldíos de la Nación.
Al tiempo que se dio el archivo de la investigación por parte de la CDA, el 30 de noviembre de 2021, la Dirección de Bosques abrió una nueva indagación preliminar contra Guarnizo, que recoge en parte lo hecho por la corporación ambiental en el Guaviare. No se conoce ninguna decisión sobre este proceso.
Las autoridades departamentales tienen claro que estas tierras amazónicas no tienen vocación para monocultivos industriales como el de la palma, como confirmó el secretario de Agricultura del Guaviare, Juan Carlos Álvarez: “Normatividad que prohíba(la palma) no la hay, pero no es una propuesta productiva en este sentido, no están incluidos en el plan de desarrollo, y los agricultores de la región no la contemplan”, explicó Álvarez.
Pese a lo anterior y como pudo comprobar La Silla, hoy, después de casi siete años, los cultivos siguen en pie y han empezado a producir. Y ninguna autoridad ha vinculado a Gaitán Tangarife, a su empresa ni a sus hijos en las actuaciones contra estas plantaciones de palma pese a los indicios que los vinculan.
El patrón de Ariari
Reinel Gaitán en su oficina en Granada. Foto: César Molinares
Reinel Gaitán Tangarife, de 63 años, vive en una casa de una sola planta sin mayores ostentaciones al lado de la estación de policía de Granada, en el departamento del Meta. Nació y se crió en la vereda Aguas Claras, en el vecino San Juan de Arama, donde aprendió a ser agricultor. “Todas mis cosas las tengo en la región”, dice detrás de un escritorio lleno de recibos y una máquina que utiliza para medir la humedad de la soya, otro de los cultivos a los que se dedica.
Su oficina es un mini búnker sin ventanas con paredes llenas de condecoraciones y homenajes de diferentes alcaldías de la región y de la Asamblea del Meta. También exhibe un título “honoris causa” en administración de empresas de la Universidad Gran Colombia y varias fotos de diferentes celebraciones en la que aparece con parte de sus más de 30 hijos.
De entrada, niega que él o alguno de sus familiares estén detrás del cultivo de palma en el Guaviare.
Asegura que su única relación con ese departamento se remonta a años atrás, durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), cuando, según él, la Casa de Nariño lo invitó a presentar un proyecto para sembrar más de 10 mil hectáreas de palma en ese departamento.
Junto con su equipo de contadores, preparó una propuesta y fue a una reunión en San José del Guaviare, en la que estaba el entonces gobernador Nebio Echeverry, pero que al final el proyecto no cuajó. “Conozco a Nebio porque tenía negocios en Granada, pero nunca he tenido nada que ver con él”, dice rechazando las versiones que lo vinculan con el polémico político.
Al preguntarle puntualmente si conoce a Harry Guarnizo el investigado por la CDA, responde: “vendía agua en un triciclo”. No descarta que le haya vendido insumos alguna vez, pero afirma que no lo ve hace más de “ocho años”. Negó que él o alguna de sus empresas le compre la cosecha, como aseguró el campesino.
“Lo que se escucha es que le vende a Cimarrones”, refiriéndose a otra de las extractoras de aceite que está ubicada en el municipio de Puerto Rico, Meta.
Con los cultivos de palma aceitera, cuenta, inició hace 30 años apadrinado por un palmero de la región, quien le regaló las primeras semillas con las que formó la Agropecuaria la Rivera, una empresa personal en la que involucró a su prole. A través de ella les da semilla y asistencia técnica a otros cultivadores de la región.
Cuando el negocio prosperó, Gaitán dice que se vio en la necesidad de montar una planta, La Riviera Gaitán, que se encarga del procesamiento y la extracción de aceite, y en la que, según él mismo cuenta, trabajan seis de sus hijos. La planta, que queda a las afueras de Granada, le compra la semilla a cultivadores que están en los municipios de San Juan de Arama, Puerto Lleras, Fuente de Oro, Puerto Rico y Puerto Concordia, todos ubicados a lo largo de la vega del río Ariari.
Gaitán es además el representante legal de la Asociación de Palmicultores del Medio y Alto Ariari, una organización que agrupa a pequeños y medianos palmeros que están regados en el sur del Meta y en la frontera con el Guaviare. Uno de sus hijos, Diego Fernando, montó una comercializadora Oleoariari SAS, que si bien está registrada en Villavicencio, opera en Puerto Rico, el municipio con la mayor extensión de cultivos de palma en esta parte del Meta.
Además de la palma, asegura que se ha concentrado en los negocios de la agricultura, prestando asistencia y comprando la cosecha a más de 1 200 cultivadores de palma, arroz, plátano y soya, entre otros productos, y que ha dejado de comprar propiedades. De a poco le ha ido pasando el manejo a sus hijos.
Ni Gaitán ni sus hijos hacen parte del gremio palmero más grande del país, Fedepalma. Así lo confirmó su director de sostenibilidad, Andrés García. Por tanto, están fuera del radar de los compromisos de trazabilidad que ha venido adquiriendo ese sector para evitar la comercialización de productos que provengan de zonas deforestadas o en las que se hayan cometido delitos o afectaciones al medio ambiente.
Gaitán tiene una acusación por delitos ambientales relacionados con presuntamente haber sacado material de arrastre del río Urichare, cercano al municipio de Lejanías, en el Meta y haber supuestamente intentado sobornar a policías para que no le retuvieran la maquinaria.
Este es el único proceso judicial que este empresario tiene activo y se encuentra en el limbo luego de que la fiscal que adelantó la investigación fuera nombrada en otra dependencia. “En teoría teníamos una audiencia en diciembre pero creo que la van a aplazar”, dice Gaitán.
También ha sido relacionado con narcotraficantes. En 2008, su nombre salió en varios medios de comunicación que publicaron noticias en la que señalaban a Gaitán Tangarife de estar siendo investigado judicialmente por vínculos con el Loco Barrera, así como con los hermanos Ignacio y Juan Álvarez Meyendorff, extraditados a Estados Unidos.
En ambos casos, si bien Gaitán fue indagado, la justicia no logró determinar su conexión con estos narcos, por lo que demandó a la Fiscalía por daños y perjuicios y a algunos medios les tocó rectificar la noticia. “Lo que pasó fue que teníamos fincas vecinas y un testigo se confundió y señaló la mía, por eso inicié un proceso contra la Fiscalía, que se comprometió a no perseguirme más y a pagarme una indemnización”, dice Gaitán.
En la región, describen a Gaitán como una persona que empezó de abajo, haciendo todo tipo de trabajos, como llantero y cotero, y comprando fincas y carros a bajo precio que luego revendía. Pero él tiene otra versión. Relata que luego de la muerte de su padre, a los 18 años, su madre le entregó para administrar la finca “La Colorada”, que le dejaron de herencia, en donde empezó a cultivar arroz y plátano, entre otros productos.
“Es un tipo hábil con los negocios, si te ofrece un precio por una propiedad o un carro, tienes que tomar el dinero y que no te quede debiendo porque después no te paga”, cuenta una fuente en Granada que lo conoce desde la juventud y prefirió que se omitiera su nombre para hablar con tranquilidad.
En Granada, algunas fuentes con las que habló La Silla que pidieron no ser citadas para hablar con tranquilidad, reconocen a Gaitán su olfato para comprar barato alrededor del pueblo, y a pesar de que no tenía permiso de la administración local las dividió en lotes que vendía a 500 mil o a un millón de pesos, a personas necesitadas de vivienda propia.
“La gente vivía a la orilla del río, en una zona inundable, y los saqué de allí. Este es un municipio que no tiene un Plan de Ordenamiento Territorial, así construí el barrio El Paraíso”, comenta confirmando las versiones que circulan en el pueblo de que urbanizó una zona que tenía vocación agrícola. “Como es amigo de los políticos, estos se hacen de la vista gorda”, comenta un comerciante que pidió no ser nombrado.
Ese barrio, que queda a las afueras de Granada, ha ido creciendo sin ningún control ni planificación, las casas carecen de servicios públicos y solo cuentan con el de energía eléctrica. A pesar de esas deficiencias, en este barrio a Gaitán lo veneran, como lo pudimos constatar con algunos de sus pobladores, porque además de darles lotes a precios módicos, donó las tierras donde se construyó un megacolegio y varias canchas deportivas.
Además de la vivienda y las tierras, el boom de la palma le ha dado también el reconocimiento de los alcaldes de la región que aseguran que ha promovido la economía y el empleo en municipios que antes dependían de cultivos ilícitos como la coca, así lo afirma Iván Puentes, alcalde de Puerto Rico, Meta.
En términos ambientales, el político evalúa que hasta el momento las palmeras son muy exhaustivas, “han hecho un muy buen manejo, porque si no estarían cerradas”. A la vez le preocupa que si siguen creciendo se va a notar el impacto. “Cuando se trabajan los monocultivos y sobre todo esta expansión genera una pérdida de bosques y hace que los riachuelos se sequen por el cambio climático”, agregó el mandatario.
Por ahora estos cultivos han llegado al borde del río Guaviare, que es la frontera natural con el Meta. Si no se intensifica la protección estas plantaciones de palma pueden dar el salto y afectar la ya débil frontera de la selva amazónica.