Un año de ataques militares estadounidenses en el Caribe no ha logrado frenar la salida de lanchas cargadas de cocaína desde La Guajira, histórico corredor de contrabando en el extremo norte de Suramérica. Sí ha dejado embarcaciones destruídas y un rastro de muerte: dos cuerpos perdidos y uno enterrado en la playa.
Fotograma de un video difundido por el Comando Sur de Estados Unidos que muestra un ataque contra una lancha rápida, presuntamente vinculada al narcotráfico, en el que murieron cuatro personas, el 19 de septiembre de 2026. Crédito: Comando Sur de Estados Unidos.
El 6 de mayo de 2026, una explosión sacudió las aguas del Golfo de Venezuela, en el extremo más al norte de Suramérica, donde Colombia y Venezuela están frente a frente.
Ese día, el Comando Sur de Estados Unidos difundió imágenes de un ataque contra una supuesta narcolancha en el que murieron dos de sus tripulantes. Cuando se solicitó información al Comando Sur de Estados Unidos sobre su metodología para identificar los objetivos, no dio dar detalles. Pero este afirmó que “todos los narcoterroristas neutralizados” en el marco de la campaña “eran miembros afiliados a una organización terrorista designada, que transportaban activamente material ilícito a lo largo de rutas de tráfico conocidas en aguas internacionales”.
Una vez se supo del ataque corrió la versión de que, entre los muertos, podían estar dos integrantes de la comunidad wayúu que habita estas tierras desérticas desde hace cientos de años. Decían que eran nacidos en una ranchería en la Alta Guajira. A las pocas horas, un grupo de sus paisanos se lanzó a altamar en busca de la tripulación. Encontraron los restos de una embarcación. Y también un cuerpo: ataviado con flotador y traje de navegante, bamboleándose sin cabeza, con los brazos y las piernas extendidos.
El decapitado no fue rescatado. Según las costumbres wayúu, no pueden tocar los cuerpos que no son de los suyos. Solo las mujeres de la comunidad están autorizadas a manipularlos. Como el cuerpo era de un desconocido, se perdió en las profundidades del Golfo de Venezuela.
Poco después, en las redes sociales locales comenzaron a circular fotos fúnebres de Adrián Lubo y Ronald Arregocés, dos residentes de Riohacha, capital de la Guajira. En una de las imágenes un allegado se lamentaba: "te quedé esperando para el finde".
Fotos de Ronald Arregocés (izq.) yAdrián Lubo (der.) compartidas en una publicación de Instagram que pedía respuestas sobre su desaparición. Crédito: Captura de pantalla
Lubo y Arregocés eran amigos. Los dos no pasaban de los 40 años y eran reconocidos lancheros. Una persona cercana a uno de ellos, que pidió hablar anónimamente, dice que Lubo se había granjeado la fama de buen "chofer", como se les conoce a los navegantes expertos, por haber "coronado" —entregado con éxito— varios viajes con cargamentos de droga a las islas del Caribe.
En Colombia, según una respuesta oficial de la Fiscalía para esta historia, ninguno de los dos tenía abiertos procesos penales por narcotráfico, ni mucho menos figuraban como grandes capos del narcotráfico: la Fiscalía en La Guajira aseguró que no había abierto ninguna investigación criminal contra Lubo y Arregocés, y que no aparecían en ningún organigrama de estructuras criminales. En la zona eran reconocidos como capitanes de barco y en ocasiones servían a narcos para llevar su droga a las islas del Caribe o a Venezuela a cambio de unos cientos de miles de dólares.
Una persona con el nombre de Ronald Mijail Arregocés Barros aparece con una acusación (indictment) de la corte federal del distrito Sur de la Florida por conspiración (o asociación ilícita) por transportar cinco kilos de “una sustancia controlada”, a bordo de una embarcación en 2021. Sin embargo no se pudo corroborar si es un homónimo o es el mismo desaparecido en el mar.
Después de conocerse el ataque, las autoridades colombianas no han buscado sus cuerpos. La familia de uno de ellos asegura que denunció la desaparición ante la Fiscalía, con la esperanza de que se establezca lo ocurrido, pero tampoco hay registros de esa denuncia, según confirmó una fuente de esa institución a la que se le pidió verificar.
No es la primera vez que este hermetismo institucional queda en evidencia. En la investigación periodística «Los Bombardeados, sin derecho a la defensa», realizada por la alianza de medios liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) ya 360-grados.co había documentado cómo, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, los restos de al menos dos naufragios llegaron a las costas de La Guajira. A pesar de que los cuerpos permanecieron durante meses en una morgue de Barranquilla, la Fiscalía y Medicina Legal no lograron identificar a las víctimas ni entregarlas a sus familias.
El vacío persiste porque muchos de estos bombardeos suceden en lugares no identificados en el mar Caribe. Un fiscal que prefirió no ser citado explicó que, al ocurrir en altamar o en sitios desconocidos, la Fiscalía no tiene jurisdicción y menos si no hay denuncias de sus parientes o conocidos.
Los familiares de Lubo y Arregocés recorrieron por su cuenta y riesgo la Alta Guajira buscando respuestas. Buscan los cuerpos o alguna noticia y no dejan de revisar las redes sociales por donde se comparten videos crudos de las víctimas de los bombardeos. Como los dos fallecidos son indígenas, pidieron la mediación de un palabrero, que en la cultura wayuu es una suerte de intermediario, para que el dueño de la mercancía los compense.
"El narco les dio su palabra", dijo una persona en una ranchería a la que llegaron estos familiares, "pero al parecer no les ha cumplido". Lo cierto es que hasta ahora, sus cuerpos siguen sin aparecer.
A unos 200 kilómetros al sur, en una casa de un piso con ladrillos a la vista, también en La Guajira, siguen esperando a uno de ellos. Los platos sucios se acumulan en dos palanganas de plástico y en el suelo está olvidado un camión de juguete roto. Allí se vive el duelo en silencio y temor.
—Nada que aparece. Lo han preguntado hasta en República Dominicana —dice una mujer que está en la casa.
Le hicieron un velorio simbólico, con un ataúd vacío. Su madre, cuenta, se niega a aceptar su muerte. Sigue preguntando por él, ansía alguna noticia que confirme que está vivo o que le devuelvan el cuerpo. La mujer mira a los periodistas con desconfianza y, antes de seguir hablando, pregunta:
—No sé si ustedes son de la ley—, refunfuña.
Después de un diálogo de monosílabos y silencios, solo atina a retratar la incertidumbre y frustración que vive : "Acá hay mucha necesidad, así son las cosas".
Un año de la Operación Southern Spear
En septiembre de 2025, la Administración Trump puso en marcha la Operación Southern Spear (Lanza del Sur) con un objetivo declarado: "detectar, desarticular y debilitar las redes marítimas delictivas ilícitas y transnacionales". Desde entonces, según información del ejército estadounidense, 67 lanchas rápidas, supuestamente cargadas con cocaína, han sido atacadas con misiles en el Caribe y el Pacífico oriental. Los ataques han dejado 213 muertos, entre ellos Ronald Arregocés y Adrián Lubo.
Ya 360, en la mencionada alianza había contado las primeras historias de los caídos en estos ataques. Ahora, un año después, periodistas de 360-grados.co y OCCRP recorrieron La Guajira, hablaron con lancheros, personas que conocen el negocio del narcotráfico en altamar, autoridades locales y expertos, para saber qué ha cambiado en la costa colombiana después de los bombardeos.
Según las declaraciones de Trump, la campaña ha contribuido a detener el flujo de cocaína. El presidente llegó a afirmar en marzo que la ofensiva había ayudado a eliminar casi la totalidad del narcotráfico marítimo hacia su país, una afirmación que ya había hecho el 2 de septiembre de 2025, tras compartir en su red social Truth Social un video de sus fuerzas militares atacando una lancha presuntamente vinculada al tráfico de drogas.
Al cumplirse un año de la Operación Southern Spear, el balance de funcionarios estadounidenses es más cauto que el de su presidente: afirmaron que la campaña había producido una reducción del 60 % en la actividad marítima ilícita en la región del Caribe Oriental —que incluye a La Guajira—, del 65% en el Caribe Occidental y de casi el 50% en zonas clave del Pacífico Oriental.
La Administración Trump no ha revelado cómo mide esos resultados. En Colombia, Catalina Niño, coordinadora de proyectos en la sede local de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung, señala que no hay nada que indique que la estrategia está logrando su supuesto objetivo.
"Ni siquiera en términos de prueba física, porque al destruir las lanchas no queda evidencia. No hay personas para judicializar y no hay evidencia verificable de que hubiera droga en esas lanchas", dice. "Es imposible obtener pruebas al respecto".
Un informe publicado en julio por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), organización defensora de derechos humanos, también señala que la evidencia disponible sugiere que la campaña militar ha tenido poco o ningún impacto sobre la oferta de cocaína que llega a Estados Unidos.
Adam Isacson, director del programa de Veeduría de Defensa de WOLA, señala al igual que Niño, que el gobierno de Trump "no da muchas evidencias" de que la estrategia funcione. Han dado algunos datos en declaraciones puntuales —el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en un discurso en Panamá y una breve mención en el primer aniversario de la operación— sobre porcentajes de menor detección de lanchas en algunas rutas del Caribe. Para Isacson, eso sugiere que, en ciertas zonas, sí ha bajado el uso de esa vía (lanchas pequeñas en altamar), algo que resulta lógico porque "la gente no quiere morirse".
Sin embargo, subraya que el gobierno de EE. UU. no se ha atrevido a afirmar que haya bajado la oferta de cocaína, las incautaciones internas, el precio o la pureza del producto en ese país. Según él, las incautaciones en la frontera estadounidense "siguen igual que siempre". Su conclusión es que la campaña pudo haber afectado una sola ruta entre varias posibles, pero no ha tocado las demás modalidades de tráfico (contenedores, lanchas rápidas cerca de la costa, sumergibles, rutas terrestres por el Darién o transporte aéreo).
Consultada para esta historia, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, respondió que "todos estos ataques decisivos han sido contra narcoterroristas designados que traen veneno mortal a nuestras costas, y el Presidente continuará usando cada elemento del poder estadounidense para detener el flujo de drogas hacia nuestro país y llevar ante la justicia a los responsables".
La Presidencia de Colombia no respondió a solicitudes de comentarios. La Vicedefensora del Pueblo del país, Paula Aponte, afirmó en un comunicado que su oficina ha solicitado más información a otros organismos estatales sobre los ciudadanos colombianos que se cree que fallecieron en los atentados, pero sin mucho éxito.En La Guajira, sin embargo, las lanchas siguen saliendo, en las playas aparecen restos de embarcaciones y cuerpos que esperan ser identificados o reclamados por sus familias.
Sobre cómo frenar el flujo de droga, la propia experiencia de Estados Unidos mostraba que existía otra manera de hacer las cosas. Según reveló la citada investigación colaborativa Los Bombardeados, coordinada por el CLIP, entre el 2 de septiembre de 2025 y el 23 de febrero de 2026 —el mismo periodo en el que el Comando Sur bombardeó 44 embarcaciones y mató al menos a 141 personas— agencias estadounidenses, en cooperación con fuerzas de inteligencia, guardacostas y marinas de varios países, decomisaron 140 toneladas de cocaína en operaciones conjuntas en el Atlántico, el Caribe y el Pacífico, con participación de la DEA y la Joint Interagency Task Force–South, también bajo el paraguas del propio Comando Sur. En esas operaciones, que usaron la misma infraestructura de inteligencia que hizo posible los ataques letales, no se disparó un solo tiro mortal: más de 160 tripulantes fueron detenidos con vida y puestos a disposición de la justicia .
"Hoy, el objetivo parece ser más performativo y orientado al mercadeo político que a generar genuinamente una estrategia efectiva", analiza Catalina Niño de la Fundación Fescol.
La sombra de Trump en la Alta Guajira
En Puerto López, el viento y el mar del Golfo de Venezuela golpean la costa con fuerza. El lugar, uno de los más desolados de la Alta Guajira, muestra en su litoral restos de desechos, latas de aceite y pimpinas de gasolina dispersas.
Restos de embarcaciones hallados por los periodistas en la playa de Puerto López, La Guajira, Colombia. Crédito: César Molinares / Nathan Jaccard
Al día siguiente del ataque estadounidense, en el que desaparecieron Lubo y Arregocés, varios nativos salieron a la playa en busca de los restos de la embarcación bombardeada. No solo querían encontrar los cuerpos de los tripulantes, sino también rescatar las “panelas” de cocaína que transportaban, como le dicen a los paquetes. Según cuentan fuentes locales que pidieron el anonimato, el dueño de la mercancía envió a varias personas a recuperar la carga. Cada bloque lo pagaban a tres millones de pesos colombianos (unos 900 dólares), cuenta una persona local parada al borde de una playa llena de basura.
Para llegar hasta allí, hay que atravesar un desierto de polvo rojizo, surcado de trochas en las que cada tanto aparecen niños que levantan una cuerda que sirve de talanquera improvisada a cambio de un paquete de galletas o café. La península de La Guajira tiene más de 9.000 kilómetros cuadrados y alrededor de 200.000 habitantes, en su mayoría indígenas wayúu que viven en pequeñas rancherías dispersas. Muchos de ellos no tienen agua potable y dependen de los subsidios del Estado colombiano.
Estas playas, ensenadas y cuevas de la Alta Guajira llevan mucho tiempo usándose como puntos de tránsito para el contrabando. En los años 50, salía café hacia las islas cercanas del Caribe; hoy sigue entrando gasolina desde Venezuela cuando su precio baja lo suficiente. "Absolutamente todo se mueve por esta zona", dice Lerber Dimas Vásquez, antropólogo colombiano de la Universidad del Magdalena que investiga al crimen organizado. "Este es uno de los puntos más cercanos a las islas del Caribe, así que, en esencia, lo que tenemos es un corredor sumamente importante y muy mal vigilado. Se ha usado para el contrabando durante años".
Alberto, un guajiro raizal que ha estado preso por narcotráfico, conoce las rutas marítimas. "De acá de Puerto López han salido lanchas", cuenta. Según él, las tripulaciones son una mezcla diversa de hombres, entre ellos indígenas wayúu de la zona, puertorriqueños, antillanos, dominicanos y venezolanos. "Se embarcan con hasta 3.000 kilos(de coca), cuatro motores, 25 tanques de gasolina", añade.
También recuerda los días de los bombardeos. Primero escuchó los drones. Después, a lo lejos, el sonido de las explosiones. "Y luego los días siguientes el mar trae pimpinas, pedazos de lancha, drogas, gente(cuerpos) también ", dice.
En las playas de Puerto López todavía quedan objetos que llegaron con las corrientes. Hay bidones azules de gasolina medio calcinados y fragmentos del casco de una lancha carbonizada.
No muy lejos de allí, en Riohacha, un hombre que no excede los 30 años confirma que para aquellos que siguen dedicados al tráfico marítimo los bombardeos no cambiaron la operación. "Un amigo salió anoche", cuenta con ironía.
Según su relato, un viaje necesita al menos media tonelada de cocaína para ser rentable. Prepararlo puede tomar unos 15 días: hay que reunir la embarcación, los motores, el combustible, la comida y el dinero. También pagarle a los dueños de las playas donde embarcan y despachan las lanchas go-fast.
Como ellos, todas las personas entrevistadas coinciden en que los bombardeos no han tenido efecto alguno en el flujo de narcolanchas desde La Guajira. Aumenta el riesgo, ya no solo de caer preso, pero también el pago. "La gente va y vuelve a República Dominicana, también a Curazao, a Aruba. Todo sigue igual. Eso nunca se acaba. Tal vez cobran más por viajar", dice una autoridad local.
El pasado 9 de septiembre, dos venezolanos que intentaban llevar una lancha desde La Guajira hasta Isla Margarita murieron, según relatos locales. Las autoridades estadounidenses —que no revelan detalles sobre quiénes iban a bordo— reportaron que ese día habían muerto "tres narcoterroristas" en un ataque.
Una funcionaria de una entidad humanitaria del Estado, que recorre con frecuencia las carreteras y trochas de La Guajira, tampoco ve un cambio en el movimiento de las lanchas. Dice que presos o muertos, estos lancheros son "fusibles" de los narcos y que cuando caen "consiguen otros nuevos. No cambia nada". Tras una pausa en su relato, se lamenta de lo que se está viviendo: "Estas muertes solo le duelen a las familias, solo ellos la sienten, nadie más".
Desierto sin control
La Guajira tiene cerca de 300 kilómetros de costa entre golfos, ensenadas, playas, calas y cuevas. Al norte comparte una frontera de unos 100 kilómetros con Venezuela, porosa y controlada por grupos armados ilegales que cobran por el tráfico de drogas ilícitas. Durante décadas, por estas rutas han circulado mercancías de contrabando: café, textiles, electrodomésticos, licor, cigarrillos, gasolina, marihuana y cocaína. Tal es su fama que hay hasta una canción que dice “Allá en La Guajira arriba, donde nace el contrabando”.
Al sur, las carreteras conectan al departamento con el Catatumbo, una de las principales regiones productoras de cocaína de Colombia, también fronteriza con Venezuela. Dimas Vásquez explica que la droga se traslada desde allí hasta La Guajira en tractomulas que se camuflan fácilmente por el flujo constante de camiones de carga pesada que transportan el carbón que allí se extrae.
En buena parte de este territorio no hay presencia estatal. Cerca de Puerto López está la estación de policía de Castilletes, junto a la frontera con Venezuela. Es una construcción de dos pisos a medio terminar. Las paredes están en obra negra, sin techos, ventanas y puertas. Ocho policías permanecen allí. Algunos se asoman en pantaloneta y chancletas. Uno lleva un arma corta en la cintura.
No hay motos, camionetas ni lanchas estacionadas. Solo un par de burros que deambulan frente a la estación, a pocos metros de la playa y a menos de un kilómetro de un puesto de la Guardia Nacional de Venezuela.
Los policías, que permanecen la mayor parte del tiempo en la estación, esperan el relevo, que puede tardar entre dos y tres meses. El agua y la comida llegan una vez por semana.
En la región aún no se siente la llegada del nuevo gobierno que prometió y firmó con Estados Unidos un compromiso de operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
Durante el recorrido para esta historia, los periodistas no se toparon con ninguna de las dos fuerzas en la zona. Varias personas dijeron que es habitual escuchar drones sobre el litoral.
Mientras tanto, a menos de 40 kilómetros de allí, en Flor de la Guajira, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) —una guerrilla presente que puede tener presencia entre 183 a más de 200 municipios colombianos, según la fuente que se cite – gente los ha visto recorriendo el desierto, en camionetas 4x4, encapuchados y portando armas largas. Este grupo armado controla numerosos pasos fronterizos rurales y puntos de tránsito de droga.
En el papel, la frontera aparece dividida entre grupos que se disputan las trochas, los pasos y las rentas que deja el movimiento clandestino. En el desierto, esas fronteras son menos precisas. La Defensoría del Pueblo advirtió en 2026 que el ELN está en sectores rurales de Maicao y que impone reglas sobre la movilidad, mientras otros grupos como los Pachenca y el Clan del Golfo se reparten algunos de los caminos que conducen hacia Venezuela. Es un control que no siempre se ve, pero que se hace evidente cuando alguien quiere atravesar una trocha sin avisar.
Las personas que conocen la zona aseguran que el ELN vigila corredores a ambos lados de la frontera y que quienes utilizan las trochas deben avisarles para poder transitar. "Básicamente, le cobran a cualquiera que tenga que mover droga por ahí", dice Dimas Vásquez. "Lo que hacen es vender seguridad, es decir, garantizar que la droga no se pierda, y ofrecen una plataforma segura para que los cargamentos salgan desde ahí, ya sea por lancha o por avioneta".
Una autoridad civil que también conoce la zona agrega que el ELN cobra por todo lo que transita por la frontera, no solo por la droga. "La mercancía no es de ellos, pero hay que pagar porque dominan el corredor y coordinan la logística, el transporte y la seguridad", dice.
En la Alta Guajira también operan clanes locales wayúu que mandan en partes del territorio y participan en distintas etapas del negocio: guardan cargamentos de cocaína, prestan seguridad a los embarques, ayudan con la logística o se embarcan en las lanchas. Según Dimas Vásquez, algunos líderes de estos clanes, que antes tenían más peso en el negocio, hoy trabajan para los grupos armados que hacen presencia en la región: el ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Tren de Aragua.
“El Mexicano”
Un año después de que arrancara la ofensiva armada contra los lancheros, el litoral Caribe y la frontera entre Colombia y Venezuela siguen siendo un polvorín. Guajiros (colombianos y venezolanos), puertorriqueños, antillanos y dominicanos continúan zarpando desde estas costas, conscientes del riesgo que asumen.
Algunos desaparecen,otros son arrastrados por las corrientes del golfo a las playas de La Guajira, sin que nadie llegue a reclamarlos.
A unos cien metros de la estación de policía de Castilletes se puede ver una tumba improvisada donde enterraron a un hombre que apareció en la playa, sin que nadie pueda precisar cuándo. Los lugareños señalaron la tumba con una vieja nevera oxidada, puesta boca abajo. Pedro, autoridad civil de la zona que pidió el anonimato, cuenta que lo apodaron "El Mexicano" por su tamaño: era un hombre corpulento, llevaba chaleco y tenía esquirlas incrustadas en el cuerpo.
Pedro, el funcionario que recibe a los que van buscando a sus desaparecidos, asegura que al cuerpo le hicieron una “armonización” antes de enterrarlo, para que no quedara como un espíritu en pena vagando por el desierto.
Esta nevera marca la tumba de un cuerpo que arrojó el mar en la Alta Guajira. Foto Nathan Jaccard.
Hasta el momento de esta publicación, ni el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía ni otras autoridades han enviado una comisión para exhumarlo: hacerlo exige desplazarse desde otro departamento y contar con escolta militar. Mientras tanto, “El Mexicano” sigue ahí, bajo tierra. Quizás haya una familia que lo busque como la de Riohacha, que también busca justicia, o simplemente un lugar para cerrar su duelo.
Los bombardeados: sin derecho a la defensa es una investigación sobre las víctimas civiles de los ataques de Estados Unidos en Latinoamérica, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Casa Macondo, Verdad Abierta y 360 grados (Colombia); la Alianza Rebelde Investiga (Venezuela); The Guardian (Trinidad y Tobago) y con el apoyo de Airwars (Reino Unido) y El Veinte.