Más allá de la demanda y como resultado de las demás pesquisas, la Fiscalía lanzó la primera fase de la operación Acordeón, en marzo de 2018. Los investigadores calcularon que en 17 años de vigencia del “contrato se habrían pagado 237.836 millones de pesos. Adicionalmente, se cree que el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A y Slasa”.

En octubre de 2018, el fiscal general Martínez Neira anunció que se habían dictado medidas de aseguramiento contra los exgerentes españoles y colombianos de Triple A e Inassa Francisco Olmos Fernández, Luis Fernando Arboleda, Carlos Alberto Ariza, Ramón Navarro, Luis Nicolella, Francisco Javier Maliay Germán Sarabia Huyke. También a los directivos de Inassa Carlos Roca García y Edmundo Rodríguez Sobrino y Alberto Muguiro.

De esta larga lista, solo el gerente Navarro Pereira aceptó su responsabilidad en juicio, mientras su gerente financiera, Julia Serrano, no aceptó cargos. Adicionalmente dos contratistas, los representantes legales de las empresas Epsilon e Ilarco, Héctor Amaris Piñeres y Édgar Piedrahíta, respectivamente, también se allanaron a los cargos.

Durante la audiencia, la Procuraduría manifestó dudas acerca de la identidad del nonagenario Amaris, homónimo de su hijo, Héctor Amaris Rodríguez, un cercano asesor del exalcalde de Barranquilla Alejandro Char. Conocido también como el Oso Yogui, fue salpicado por las declaraciones de la exsenadora Aida Merlano, según reportó La Silla Vacía. Un miembro de seguridad de Triple A declaró a la justicia haberle llevado maletín con dinero a “un señor Amarís”, sin identificarlo claramente.

Falsos, pero valiosos

En octubre de 2018, en el marco de la segunda fase de Acordeón, empezó a conocerse la otra vía de sacar los dineros de la empresa. El fiscal 38 anticorrupción narró, ante un juzgado penal de Barranquilla, que Navarro y Serrano, además de miembros de Inassa y R&T “dispusieron [entre 2012 y 2015] de los bienes de la sociedad de manera irregular y se apropiaron de 27.879 millones de pesos”.

Esto lo hicieron con la creación de 54 órdenes de pedido ficticias y cuatro contratos de consultoría simulados que “se acreditaron como operaciones normales de Triple A, se registraron en contabilidad, para luego plasmarse en la declaración de renta, en los respectivos años. Finalmente, se usaron para realizar los cálculos para cancelar con ocasión de dividendos a los accionistas y los porcentajes por regalías”, añadió el fiscal.

Así mismo, Navarro y Edmundo Rodríguez Sobrino, gerente de Inassa, le ordenaron a sus subordinados Juan Acosta y Diego Fernando García firmar cuatro contratos de consultoría que sumaban 4.500 millones de pesos, un fraccionamiento que sirvió para burlar el manual de contratación de Triple A, que limitaba al gerente realizar contratos por encima de 1.127 millones de pesos sin requerir luz verde de la junta directiva.

Esa estrategia la estructuró Yadira Hernández, directora de planeación financiera de Triple A, quien testificó contra Navarro. En el juicio contra este último, Hernández detalló cómo su jefe le ordenó elaborar el contrato y justificó que Inassa les iba “a prestar un asesoría para (el) acompañamiento de la prestación de la tarifa regional”, algo que nunca se ejecutó.

Los dineros sacados de la empresa y presuntamente usados para el pago de sobornos se hacían tomando efectivo de las cajas fuertes de Inassa y Triple A, se metían en bolsas o maletas. Usualmente el directivo que se lo llevaba era escoltado por personal de seguridad de la empresa, en muchos casos exmilitares.